El reparto de comisiones ordinarias del Congreso para el periodo 2025-2026 deja a Alianza para el Progreso (APP), liderada por César Acuña, al mando de tres comisiones estratégicas: Presupuesto, Salud y Vivienda. Estas áreas están directamente vinculadas a sectores en los que pesan cuestionamientos por licitaciones millonarias otorgadas a empresarios sin experiencia.
Acuña, actual gobernador de La Libertad, enfrenta críticas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a jóvenes empresarios con escasos antecedentes en el rubro. Pese a ello, APP controlará precisamente los grupos de trabajo que supervisan y norman sobre el uso de recursos estatales y sectores de alta inversión, lo que ha encendido las alertas en la oposición y entre analistas políticos.
La distribución de comisiones se definió tras dos semanas de negociaciones entre las bancadas aliadas al gobierno de Dina Boluarte, donde la fuerza numérica inclinó la balanza. APP, con 17 congresistas, aseguró su posición en las comisiones más influyentes, mientras otros partidos recibieron áreas de menor impacto presupuestal. El acuerdo será formalizado en el Pleno del jueves 7 de agosto, con pocos cambios previstos.
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Distribución de comisiones del Congreso 2025-2026:
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Fuerza Popular (21 miembros): Constitución, Producción, Agraria y Economía.
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Alianza Para el Progreso (17): Presupuesto, Salud y Vivienda.
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Podemos Perú (13): Relaciones Exteriores, Ciencia y Tecnología, Inclusión Social.
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JP – Bloque Magisterial – Voces del Pueblo (11): Energía y Minas, Defensa del Consumidor.
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Perú Libre (11): Educación, Justicia.
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Renovación Popular (10): Mujer, Comercio Exterior.
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Somos Perú (10): Descentralización, Trabajo.
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Acción Popular (9): Transportes, Fiscalización.
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Avanza País (6): Defensa Nacional.
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Bancada Socialista (5): Pueblos Andinos.
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Honor y Democracia (5): Inteligencia.
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Bloque Democrático (5): Cultura.
El control de APP sobre Presupuesto, Salud y Vivienda para el 2025-2026 despierta preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, especialmente en un contexto donde su líder es investigado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos y contratos públicos.
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