La Contraloría General registró 1244 alertas en actividades de gestión en entidades gubernamentales de Arequipa, en todos los niveles de gobierno, como parte de un control simultáneo por medio de 701 informes. En los sectores con mayor número de casos de riesgo se vieron involucradas áreas clave como Educación (166), Transportes (143), Salud (120), Saneamiento (88) y Ambiente (109). El objetivo de estos controles es la aplicación de medidas correctivas y el correcto funcionamiento de las instituciones.
En el gobierno regional de Arequipa, han sido registradas 213 alertas, de las cuales 56 han sido corregidas o están en proceso, 57 no han sido atendidas y 100 no han tenido acción alguna. Seguidamente, a nivel de gobierno nacional, en la región fueron registradas 141 alertas, de las cuales 77 han sido corregidas o están en proceso, hubo 10 no atendidas, 48 no han tenido acciones y 6 han sido desestimadas. Finalmente, en los gobiernos locales se han registrado 890 alertas, de las cuales 210 han sido corregidas o están en proceso, 277 no han sido atendidas, 390 no han tenido ninguna acción y 13 han sido desestimadas.
Adicionalmente, hubo un control posterior de 197 informes de parte de la Contraloría, donde se identificaron a 208 funcionarios y/o servidores públicos con presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por irregularidades en el ejercicio de sus labores. Esta modalidad de control, el cual tuvo 59 informes de auditoría, percibió un perjuicio económico de 10.1 millones de soles.
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Adicionalmente, se emitieron 11 informes de presupuestos adicionales de obra, servicios de supervisión y operaciones de endeudamiento.
A nivel nacional se emitieron un total de 36 199 alertas por situaciones adversas, cuyos sectores más afectados fueron Educación (5582), Transportes (3777), Salud (3669), Saneamiento (2671), Ambiente (2504) y Comunicaciones (305). El control posterior tuvo 5042 informes donde se identificaron 6047 funcionarios y/o servidores públicos con presuntas responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por irregularidades en el ejercicio de labores, y se contó con 1413 informes de auditoría, identificando un perjuicio económico de 478 millones de soles.
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