El alcalde de Cocachacra, Abel Suárez Ramos, denunció la falta de respuesta del Gobierno Central frente a la grave contaminación por metales pesados que afecta al río Tambo, una situación que originó la declaración de emergencia en la provincia de Islay el pasado 1 de agosto, extendida posteriormente el 1 de octubre. Según el edil, la presencia de arsénico en el organismo de escolares de su distrito es uno de los efectos más preocupantes de esta crisis que ha recibido escasa atención de las autoridades.

Suárez detalló que, en junio pasado, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó tamizajes a estudiantes de primaria y secundaria en ocho colegios de Cocachacra. Se encontró rastros de arsénico en sus organismos. Sin embargo, afirmó que, hasta la fecha, el Minsa no ha ofrecido un plan de tratamiento ni atención especializada para los niños afectados. «Lo que nosotros reclamamos al ministro de Salud es la atención a los niños para que puedan recuperarse», señaló el alcalde. Subrayó la urgencia de que se tomen medidas concretas para proteger la salud de la población.

El edil agregó que, tras la declaración de emergencia, solicitó al Gobierno una hoja de ruta clara con acciones y plazos específicos, pero no recibió ninguna respuesta concreta. En este contexto, el próximo 12 de noviembre, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, visitará el valle de Tambo para explicar las acciones que se están tomando. “Hasta ahora nosotros no vemos nada”, criticó Suárez, expresando la frustración de los pobladores que no perciben avances en la mitigación de la crisis.

Contaminación afecta a agricultores de Arequipa

La contaminación del río también ha afectado la actividad agrícola, una de las principales fuentes de ingreso en Cocachacra. La producción de arroz, en particular, ha disminuido debido al agua contaminada, lo cual repercute directamente en la economía de los agricultores locales.

Aunque el Gobierno Regional de Arequipa había planteado la construcción de una planta de tratamiento de agua, este proyecto fue descartado por ser insuficiente para resolver el problema de fondo. En su lugar, se propuso trasladar aguas tratadas del río Chili a los distritos de Islay. Una alternativa que tampoco ha avanzado en términos de cronograma ni compromisos claros.

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