En el pedido de facultades legislativas enviado al Congreso, el Poder Ejecutivo ha propuesto una severa medida que atenta contra la libertad de expresión, motivo por el cual el Consejo de la Prensa Peruana pide que sea removida el pliego general.

En el punto 3.1.2 inciso C, el gobierno de Dina Boluarte propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública para “sancionar a los instigadores del delito de disturbio […], ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia” (sic).

Este punto atenta no solo contra la libertad de expresión de los ciudadanos que libremente deseen convocar o informar a través de medios de comunicación su participación en manifestaciones, un derecho humano reconocido internacionalmente; sino también atenta contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, cuya obligación es informar al respecto.

La propuesta del Poder Ejecutivo abre la puerta a que se procese arbitrariamente, bajo la figura de instigadores de disturbios, a ciudadanos –incluyendo periodistas– que informen o compartan información sobre protestas. Expertos han señalado que se estaría criminalizando el ejercicio de un derecho constitucional.

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