Todas las encuestas relacionadas, han colocado la corrupción como uno de los problemas principales del Perú contemporáneo, y causa de su atraso. La Contraloría General de la República considera que debe ser uno de los temas centrales en toda discusión sobre política pública y oportunidades de desarrollo.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo, advierte que esta problemática tiene consecuencias directas e indirectas en el acceso y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas; así como un impacto mayor en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Ambas instituciones han elaborado informes especiales que arrojan resultados dramáticos. Así, la Contraloría a través de la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción (OBANT) hizo una medición del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) determinando que en el año 2023 el perjuicio que ocasionó en el país fue de S/ 24,268 millones.

Y la Defensoría del Pueblo, en un informe que comprende el periodo de enero a junio de 2024, ha registrado 6,294 casos de corrupción, de los cuales, 1,354 son de peculado, es decir, que tienen que ver con la administración de recursos. Y de todos esos, 6,002 están en investigación preliminar.

La Red de Medios Regionales incide en este informe en los efectos de la corrupción en entidades públicas mediante funcionarios y con recursos del Estado, lo que afecta a la calidad de vida de los ciudadanos. Para esta investigación se ha reunido los casos más resonados de corrupción de funcionarios en Arequipa, Cusco, Puno, Junín, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque, Piura y Loreto. Los casos seleccionados por esta alianza periodística son aquellos que han sido revelados o con hallazgos y avances claves más resaltantes en el tiempo.

 

Ayacucho reporta 235 casos de corrupción en trámite solo en lo que va del año

En los últimos meses, Ayacucho ha sido escenario de numerosos escándalos de corrupción que involucran tanto a funcionarios regionales como a empleados municipales. La situación se agrava con el reciente embargo de bienes del gobernador regional, Wilfredo Oscorima, en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción.

En el primer semestre del año, la Defensoría del Pueblo reportó 235 casos de corrupción en trámite en la región Ayacucho, lo que representa el 4% del total de casos a nivel nacional. De estos, 220 se encuentran en la etapa de investigación preliminar, mientras que 51 están relacionados con el delito de peculado.

El informe «Mapas de la Corrupción N° 01-2024» de la Defensoría del Pueblo detalla que el 42% de estos casos, es decir, 99, están enfocados en delitos como peculado, cohecho, y malversación de fondos.

Al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez se le han embargado bienes para asegurar el el pago de una eventual reparación civil por el caso Obrainsa del año 2014.

A Oscorima le embargan ocho de sus bienes por el caso Obrainsa

Entre los casos más resaltantes en la región se identifica el del gobernador regional Wilfredo Oscorima a quien el Poder Judicial ordenó el embargo de ocho de sus bienes muebles e inmuebles, por la investigación del caso Obrainsa sindicado como objeto de corrupción de funcionarios desde el 2014.

Según la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, se embargaron un departamento y un estacionamiento en San Borja, valorizados en 1.1 millones de soles. Esta medida cautelar busca asegurar el pago de una eventual reparación civil. La investigación se centra en un presunto soborno relacionado con la licitación del proyecto Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, en el que Oscorima habría recibido un soborno del 3% del valor de la obra por parte de la empresa Obrainsa.

El informe N° 087-2023 de la Contraloría General de la República revela que el gobernador Oscorima designó a ocho funcionarios sin la experiencia necesaria para sus cargos. Entre los designados se encuentran Iván Anchi Torres y Carlos Andrés Cappelletti Zúñiga, quienes ocuparon puestos clave en el Gobierno Regional de Ayacucho y la Red de Salud Cangallo, respectivamente. A pesar de que la Contraloría ordenó su remoción en un plazo de cinco días, los funcionarios continuaron en sus cargos hasta meses después.

En el mes de enero, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú llevó a cabo un megaoperativo denominado «Los Diligentes del Cafae», que incluyó la intervención de 11 inmuebles, entre ellos, oficinas del Gobierno Regional de Ayacucho. La operación está vinculada al presunto delito de peculado doloso, con funcionarios del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) implicados en la transferencia indebida de más de 3 millones de soles.

 

La Municipalidad Provincial de Huamanga es la entidad con más corrupción

La Contraloría también identificó a la Municipalidad Provincial de Huamanga como la entidad más corrupta de Ayacucho en 2024, con un índice de corrupción del 95 %. La gestión del alcalde Juan Carlos Arango se ha visto envuelta en numerosas irregularidades, incluyendo obras abandonadas por más de 256 millones de soles y la contratación de familiares para servicios de contingencia, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado.

Edith y Mariela Huamán Bonifacio, contratadas como brigadistas en la municipalidad de Huamanga, resultaron ser familiares del ex subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, Carlos Badajos Huaytalla. También se han identificado gastos no contemplados en la habilitación de fondos para eventos como el Carnaval Ayacuchano 2024, con irregularidades en la rendición de cuentas, según la Contraloría.

La Contraloría también ha señalado que la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yanama incumple especificaciones técnicas, afectando su funcionalidad y operación. Las deficiencias incluyen fisuras en estructuras y problemas en el tarrajeo de muros, que limitan la capacidad de la planta para ofrecer un servicio adecuado a la población. El perjuicio por la corrupción en la región es de S/ 597 millones.

Las costosas pérdidas que enfrenta Cusco a causa de la corrupción

La corrupción se ha convertido en un desafío moderno que amenaza el desarrollo de Cusco, una región rica en historia y patrimonio. Según el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024 y el último reporte “Corrupción en cifras: casos en trámite a nivel nacional”, elaborado por la Defensoría del Pueblo, la sitúan entre las regiones con mayores índices de corrupción en el país.

Las últimas 5 gestiones, incluida la actual, registran investigaciones por corrupción. Como resultado, tres exgobernadores terminaron en el penal de Qenqoro, dos con sentencia y uno investigado. Uno de ellos, Hugo Gonzales, dejó la prisión luego de cumplir dos tercios de su condena de 8 años de cárcel por el delito de colusión, el cual cometió durante un proceso de licitación de mantenimiento de carreteras durante su gestión (2007-2010).

Dos exgobernadores recluidos en un penal y uno investigado

Jorge Acurio Tito (gestión 2011 a 2013), está actualmente recluido cumpliendo una sentencia de cuatro años de prisión luego que se entregara a la justicia en el 2021 para cumplir una condena por el delito de colusión agravada por la desaparición de donaciones entregadas por Aduanas para beneficiar a cientos de personas afectadas por desastres naturales en el distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención. Otro caso fue el presunto pago de una coima de 3 millones de dólares de Odebrecht que habría recibido por dar una buena pro.

Asimismo, Edwin Licona (gestión 2015-2018), recluido en el penal con prisión preventiva dejó la cárcel en el 2020 por ser persona de riesgo ante la pandemia de la Covid 19 y enfrenta su proceso por corrupción bajo comparecencia restrictiva y libertad condicional. Licona es investigado por irregularidades en el pago de más de dos millones a una empresa contratada de manera directa, enmarcaoa en una situación de emergencia, para elaborar un supuesto expediente técnico del saldo de obra y equipamiento del hospital Antonio Lorena.

Por otro lado, Jean Paul Benavente García (gestión 2019-2022) es investigado por crimen organizado y falsificación de documentos durante su gobierno. Se le acusa de haber participado en la falsificación de firmas de supuestas cotizaciones de proveedores. Además, por contratación y pagos de consultorías que no se habrían brindado.

Ya van 392 casos en 2024 y obras paralizadas

A esta lista se suma el actual gobernador de Cusco, Werner Salcedo, quien está investigado por haber recibido como supuesto préstamo un reloj de la marca “Rolex” del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el mismo que también realizó “supuestos préstamos” de joyas y otros relojes Rolex a la presidente Dina Boluarte.

En los últimos seis meses, la Defensoría del Pueblo ha detectado 392 casos de corrupción en Cusco reportados por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (PPEDC) actualizados al 30 de junio del 2024. De ese total, 123 casos son por peculado, 375 se encuentran en investigación preliminar y 238 corresponden a municipalidades.

El actual gobernador de Cusco, Werner Salcedo, investigado por recibir como presunto préstamo un reloj Rolex del gobernador de Ayacucho Wilfredo Oscorima.

Según los reportes, Cusco ha sufrido un incremento del 8 % de casos en comparación con el año anterior. Esta escalada se refleja en el INCO 2023 según el cual la región ha perdido 1352 millones de soles debido a actos corruptos. Fondos que deberían haberse destinado a la construcción de infraestructura, programas de salud, educación y desarrollo agrario, pero que han terminado en manos de funcionarios corruptos y redes de tráfico de influencias.

Un ejemplo de ello es el proyecto de modernización del Hospital Antonio Lorena. En él, la corrupción y los sobrecostos resultaron en una obra inconclusa. Representa no solo una pérdida económica, sino también un costo humano, ya que miles de ciudadanos se quedaron sin atención médica adecuada. También ha afectado directamente la ejecución de proyectos y obras de infraestructura como carreteras, puentes y centros educativos.

La corrupción en Lambayeque: Los casos más sonados y sus protagonistas

Lambayeque, el segundo departamento con menor extensión en el Perú, no ha sido ajeno al perjuicio de la corrupción. Según la Contraloría General de la República, las pérdidas económicas por este flagelo suman S/ 579 millones en el último año. Dinero con el que se habría resuelto dos veces la brecha de infraestructura vial en sus tres provincias, que actualmente asciende a S/ 239 millones.

Detrás de los actos de corrupción hay protagonistas, unos más famosos que otros, pero todos con una práctica recurrente: vicios e irregularidades en las contrataciones públicas. Los casos más sonados han sido los de dos exalcaldes de Chiclayo. Roberto Torres Gonzales (2007-2014) y David Cornejo Chinguel (2015-2018). Ambos están en prisión por haber encabezado organizaciones que generaron perjuicios millonarios al Estado, pero cuyos procesos judiciales aún están en curso.

De hecho, en el caso de Torres Gonzales, este mes se cumplirán 10 años desde que fue enviado a prisión. Pero el Ministerio Público aún no formula acusación por los dos delitos que abrieron la carpeta fiscal en su contra. Estos son, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

También están los exalcaldes de Olmos y Chiclayo

Las dos organizaciones: “Los Limpios de la Corrupción” y “Los Temerarios del Crimen”, tuvieron connotación nacional. Al igual que el caso del exalcalde del distrito de Olmos, Willy Serrato Puse. Sus redes involucraron, según la fiscalía, congresistas, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional. También a servidores del Jurado Nacional de Elecciones, del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura e, incluso, de la misma Contraloría General de la República.

Otro exalcalde de Chiclayo que tiene temas pendientes con la justicia es Marcos Gasco Arrobas, antes Podemos Perú y ahora Alianza Para el Progreso. Gasco Arrobas enfrenta un pedido de 6 años de cárcel por la contratación irregular de compactadoras al inicio de su período municipal, que duró entre el 2019 y el 2022.

Caso Acuña

Sin embargo, hay otros casos. El ex gobernador regional y actual secretario nacional de Organización de Alianza Para el Progreso, Humberto Acuña Peralta, fue condenado a tres años de cárcel suspendida. También se le inhabilitó por el mismo período para el ejercicio del cargo público. Esto por sobornar, a través de su cuñado, esposo de la actual congresista María Acuña Peralta y exprocurador anticorrupción de Lambayeque, a un agente de la Policía Anticorrupción para frenar una investigación en su contra.

Acuña Peralta enfrenta también un proceso aún mayor como uno de los investigados por el caso Lava Jato. Autorizó la firma de adendas en el contrato de concesión del Trasvase Olmos, obra ejecutada por la brasilera Odebrecht.

El ex gobernador regional de Lambayeque y actual secretario nacional de Alianza Para el Progreso, Humberto Acuña Peralta, fue condenado a tres años de cárcel suspendida. E inhabilitado por el mismo período para el ejercicio del cargo público por soborno.

Los humanistas y Los victorianos

En el mismo caso del Proyecto Olmos, la fiscalía a cargo de la investigación Lava Jato ha comprendido a la expresidenta regional Nery Saldarriaga de Kroll. Y también a los consejeros regionales que acompañaron a la gestión de Humberto Acuña en el período 2011-2014.

Asimismo, es investigado el expresidente regional Yehude Simon Munaro. Presuntamente recibió dinero de Odebrecht para financiar su reelección en el 2006. Y su campaña al Congreso de la República en el 2011. Tanto Simon Munaro como Saldarriaga de Krol, fueron fundadores del Partido Humanista Peruano. Tras un cambio de nombre, se convirtió en Juntos por el Perú.

En el 2018 llegó a la gobernación regional de Lambayeque Anselmo Lozano Centurión, candidato de Podemos Perú. Estuvo como alcade del distrito chiclayano de La Victoria 19 años consecutivos. Se «mudó» con casi todo el aparato que lo acompañó en su labor edilicia a la región. Es allí donde la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso su captura, en enero del 2019. Se estableció que lideraba la organización que denominaron “El Imperio del Mal”. Así cometieron actos de corrupción en La Victoria y habían empezado a penetrar en el Gobierno Regional.

Cuando se ordenó su captura se dispuso la misma medida para el vicegobernador regional, Luis Díaz Bravo (exregidor en La Victoria). Por esta razón, durante unos días la región estuvo acéfala. Anselmo Lozano, ahora militante del partido Perú Primero, del expresidente Martín Vizcarra, enfrenta un pedido de 19 años de cárcel.

Actual gobernador con casos en la fiscalía anti corrupción

El actual gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores (Somos Perú), cumplió hace poco 19 meses de gestión. Pero ya suma dos investigaciones en la fiscalía anticorrupción por hechos denunciados por Expresión. La primera, por la presunta compra direccionada de 123 patrulleros, en el 2023. Y la segunda, por la contratación de una obra de nueve millones de soles con una empresa que presentó facturas falsas en su oferta. Esto, pese a que fue advertido de los vicios del proceso.

De acuerdo a un reporte de la Defensoría del Pueblo, en Lambayeque existen 238 casos de corrupción en trámite. De estos, 23 son por el delito de peculado. Lo preocupante es que el 96 % de los casos, es decir, 229, están en investigación preliminar. Esto significa que el Ministerio Público está lejos de formular acusación.

En La Libertad hay 238 casos de corrupción según la Contraloría

La Contraloría General de la República, ha determinado que el perjuicio de la corrupción en La Libertad es de S/ 1,131 millones. Y según el informe de la Contraloría, hay 174 casos en esta región que representan el 3 % del total a nivel nacional. De estos, 21 % son por peculado.

La región tiene un antiguo problema de inseguridad y numerosas denuncias que han involucrado a las principales autoridades. Entre las autoridades de la región, tanto el actual gobernador César Acuña, como el vacado alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández, tienen un sinfín de denuncias, entre ellas, algunas por corrupción.

César Acuña: acusado de tráfico de influencias para crear un distrito que lo apoye

En setiembre de 2022, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Ministerio Público, inició la investigación preliminar contra el presidente del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias, en agravio del Estado.

Esto respecto a un Proyecto de Ley para la creación de un distrito para beneficiarse electoralmente. Una integrante del partido difundió un audio sobre una conversación en la que le exige a la presidenta del Congreso, Lady Camones, apurar “ese proyecto de Alto Trujillo [que] me va a favorecer a mí”. Pero en vista que Lady Camones no ofreció usar su influencia como congresista para favorecerlo, el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Anticorrupción dispuso archivar la investigación.

Otras denuncias al famoso «plata como cancha» lo acusan de un sinfín de actos ilícitos que fueron compilados por el periodista Christopher Acosta en su libro homónimo. Las acusaciones fueron respondidas por demandas judiciales, pero no en los hechos.

​El suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández acusado de peculado doloso

Martín Salcedo Salazar, procurador de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), en diciembre del 2023 denunció penalmente al alcalde Arturo Fernández Bazán ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, por el supuesto robo de material de construcción perpetrado en el complejo deportivo Chan Chan (excomplejo Chicago).

También están comprendidos el gerente de Desarrollo Urbano, Richard Calderón Avila; el jefe de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, Jordan Piminchumo Mendez, el exgerente de la misma área, Eduardo Pazos Elías, y la subgerente actual del sector, Elsa Novoa Vega.

Fernandez también tiene denuncias por su gestión como alcalde en un distrito de La Libertad y un polémica trayectoria pública. Estuvo en el ojo de la tormenta por agredir mujeres periodistas y por la exhibición de falos gigantes como atractivo turístico en su jurisdicción. Fue vacado precisamente por una demanda por difamación que perdió ante la justicia.

César Acuña Peralta, actual gobernador de La Libertad y Arturo Fernández Bazán, alcalde vacado de Trujillo tienen varias denuncias de todo tipo, también por corrupción

Dos alcaldes de Puno fueron a la cárcel por pedir coimas

Durante el año 2024, los gobiernos municipales de la región Puno afrontaron diversas investigaciones fiscales por actos de corrupción. En muchos casos, los alcaldes fueron acusados de pedir coimas o favorecer, con puestos de trabajo, a sus familiares.

Según el mapa de la corrupción de la Defensoría del Pueblo, de 6 mil 294 casos de corrupción en trámite este año, 198(3%), se concentran en Puno. De esta cifra, el 45% (89 casos), se constituyeron en las municipalidades provinciales y distritales. Y según la Contraloría, el perjuicio de la corrupción en esta región alcanza los S/ 887 millones en lo que va del año.

Detenido y vacado por pedir coimas

Uno de los actos de corrupción más emblemáticos ocurrió en el mes de abril de este año, cuando el alcalde del distrito de Umachiri (Melgar), Martin Huamán Lima, fue detenido por pedir una coima a una empresa constructora que ganó en el 2023 un contrato con la comuna distrital para construir una institución educativa. Por los retrasos en la obra, el alcalde pidió 50 mil soles a la empresa para no anular el contrato. Pero solo le entregaron 20 mil soles, por lo que el burgomaestre anuló el contrato. Posteriormente pidió 250 mil soles para aceptar la conciliación que la empresa demandaba a la comuna de Umachiri.

Tras su detención, la fiscalía provincial especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, pidió 5 días de detención preliminar contra la autoridad edil por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. Luego de permanecer bajo sombra, y ante unos audios que la fiscalía presentó como prueba del delito, Huamán Lima decidió acogerse a la terminación anticipada.

El alcalde del distrito de Umachiri (Melgar), Martin Huamán Lima, fue detenido por pedir una coima a una empresa constructora que ganó en el 2023 un contrato con la comuna distrital.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno lo sentenció a cuatro años y dos meses de prisión suspendida y al pago de 25 mil soles por concepto de reparación civil. Además, fue inhabilitado para ejercer la función pública por dos años. Por ello y por la sentencia en su contra, el dos de mayo, el Concejo Municipal decidió vacarlo por unanimidad. Actualmente la alcaldía de Umachiri es conducida por la alcaldesa Yolanda Arela Surco.

En la cárcel por pedir coimas a night clubs

El 12 de abril de este año, el poder judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra el alcalde del Centro Poblado de la Rinconada (Ananea – San Antonio de Putina), Lelis Enrique Quispe Ramos, por el presunto delito de cohecho pasivo propio. El burgomaestre fue acusado de pedir 35 mil soles de soborno para evitar el cierre o clausura del centro nocturno denominado “Casa verde”.

La propietaria del night club le entregó 20 mil soles, dinero que se encontró en la propiedad del alcalde cuando la Policia, a raíz de una denuncia, allanó su vivienda.

Los efectivos policiales también hallaron, en manos de una regidora, un cuaderno en donde supuestamente se registraban los cobros de cupos. El cuadernillo tenía el sello de la Municipalidad del Centro Poblado de la Rinconada.

Al igual que el alcalde de Umachiri, a Lelis Enrique Quispe Ramos lo vacaron de su cargo. Su lugar lo asumió el primer regidor, Venancio Esteban Itusaca Chambi.

Funcionario Regional de Piura favorece la recontratación de su pareja

Según el último reporte o mapa de la corrupción de la Defensoría del Pueblo, de los 6 mil 294 casos de corrupción en trámite de este año, 306 (5%) se concentran en Piura. De esta cifra, el 37% (113 casos), se concentran en las municipalidades provinciales y distritales.

Y según el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO 2024) de la Contraloría General de la República, el perjuicio de la corrupción en esta región alcanza los S/ 1,501 millones en lo que va del año.

A través de los resultados de una comisión de fiscalización del Consejo Regional, formada para investigar los hechos, se ha comprobado la contratación consecutiva durante más de un año como locadora de servicios de la bachiller en Derecho Susy Vallejos Calderón. A pesar de haber negado parentesco con algún funcionario de la sede regional, se evidenció que tiene un hijo en común con el funcionario benefactor.

¿Quién y qué cargo ocupaba el funcionario ‘benefactor’?

Ángel Arturo Caicay Ramos era Director del Sistema Administrativo de la V Oficina Regional de Administración cuando sucedieron los hechos y se encontraba en la obligación, como funcionario del estado, de ejercer control previo de todas las operaciones que se realizaban en su oficina.

Entre las principales irregularidades encontradas en el expediente presentado por la comisión fiscalizadora del Consejo Regional, resultó que la locadora Susy Vallejos Calderón permanecía por un periodo corto en una dirección específica, pero culminados sus servicios en un área u oficina, inmediatamente se trasladaba a otra, con lo cual su vínculo laboral no se cortó en más de 12 meses seguidos.

Este hecho trasgredió los principios generales del sistema nacional de abastecimiento, pues permite que la locadora pueda iniciar un proceso legal buscando estabilidad laboral permanente.

En el gobierno regional de Piura se comprobó la contratación consecutiva durante más de un año de una bachiller en derecho, como locadora de servicios, quien negó parentesco con algún funcionario de la sede regional, pero tiene un hijo en común con el funcionario benefactor.

Funcionario acusado de corrupción sigue laborando en otro cargo

La estrategia utilizada fue rotarla de puestos para que se desempeñe en diferentes áreas de la sede de presidencia del Gobierno Regional Piura. Estuvo en la Oficina Regional Anticorrupción, Centro Regional de Planeamiento Estratégico, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

El caso se cubrió desde la prensa local de manera general, sin profundizar en las repercusiones de la inconducta funcional, la impunidad, el nepotismo, el trafico de influencias como hechos agravantes que muestran a un Gobernador Regional que, lejos de deslindar los hechos, justificó y solo rotó de puesto al funcionario en cuestión.

El C.P.C. Ángel Arturo Caicay Ramos sigue laborando en la sede del Gobierno Regional Piura. Ahora en el cargo de Sub Gerente Regional de Presupuesto Crédito y Tributación.

Indicador 11: Funcionarios y servidores públicos que no declaran a sus parientes

En el INCO 2024, el indicador 11 mide la cantidad de funcionarios y servidores que declararon 5 o menos parientes en su Declaración Jurada de Intereses(DJI). Evidencia la disposición y/o capacidad de los funcionarios y servidores públicos para transparentar su información de parentesco, como mecanismo para transparentar sus intereses y facilitar, de este modo, la identificación y gestión oportuna de posibles conflictos de intereses que pudieran afectar el correcto desarrollo de la gestión.

Exgobernadores de Loreto investigados y sentenciados por peculado

Loreto es una de las principales regiones del Perú donde se registran casos de corrupción, muchos de ellos denominados emblemáticos por la repercusión que tuvieron y la afectación económica que generaron al Estado peruano.

De acuerdo al Reporte “Mapas de la Corrupción” de la Defensoría del Pueblo, en Loreto se presentaron 225 casos de corrupción en el primer semestre de 2024 que se encuentran en trámite. De ellos, 98 casos son por peculado, lo que representa el 7% a nivel nacional y la ubica entre los tres departamentos que concentran la mayor cantidad de casos de peculado, además de Lima y Cusco.

En la actual gestión regional de Loreto, cuyo gobernador es el médico René Chávez Silvano, no hay denuncias por peculado. Pero sí hay un proceso por este delito contra el exgobernador Elisbán Ochoa Sosa, por presuntas irregularidades durante el estado de emergencia por covid-19. Se encontraron órdenes de servicio ejecutadas por contratación directa emitidas sin firma de los proveedores, pero que igualmente fueron cobradas por los implicados.

Proceso de contratación directa con irregularidades de trámite, órdenes de servicio sin justificación

Según la investigación fiscal, durante el Estado de Emergencia decretado por el covid-19, en el año 2020, los funcionarios imputados habrían autorizado que se tramite la contratación de servicios de alimentación y alojamiento para los ciudadanos que se encontraban varados en la región Loreto, tras decretarse el aislamiento obligatorio.

Sin embargo, al verificar la documentación respecto a este proceso de contratación directa, el Ministerio Público detectó irregularidades en la tramitación, órdenes de servicio que no contaban con la documentación que justifique la realización del servicio de alojamiento. Además, verificaron que con una misma solicitud del área usuaria se expidieron cuatro órdenes de servicio, las cuales no tenían la firma de los proveedores. Sin embargo, se habrían cobrado sin la documentación que sustente el supuesto servicio brindado.

El perjuicio generado en agravio del Gobierno Regional de Loreto, por la comisión de este delito, ascendería a la suma de 78 mil 505 soles. Este monto resulta de una pericia realizada por el Ministerio Público.

Al exgobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa (izquierda) se le investiga por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado, en tanto, a la exautoridad regional, Iván Vásquez Valera (derecha), se le condenó a 12 años de prisión, por peculado doloso, malversación de fondos y colusión.

Ante estos hechos, en marzo del 2022, el tercer despacho de la fiscalía provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Loreto, a cargo de la fiscal Celina Otero, formuló el requerimiento de prisión preventiva, por nueve meses, contra el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa. Y también para otros 11 investigados, entre funcionarios y terceros, por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado.

Actualmente, el caso está con acusación en manos de la Corte Superior de Justicia de Loreto. La entidad debe programar la fecha y hora para la audiencia de control.

Otro caso ‘emblemático’ en Loreto en la obra de alcantarillado

Un tema muy perjudicial para Loreto fue la obra de alcantarillado de Iquitos, por cuyas irregularidades se condenó al exgobernador Iván Vásquez Valera a 12 años de prisión. Los delitos atribuidos fueron de peculado doloso, malversación de fondos y colusión.

La investigación, que se inició el 2013, detectó pagos irregulares por 177 millones de soles a la empresa China International Water & Electronic Corp. (CWE), que no contaba con respaldo técnico ni económico, y ampliaciones de plazo injustificadas. Esta obra de saneamiento resultó con costos casi duplicados, desde 418 millones de soles hasta aproximadamente 748 millones de soles.

Loreto tiene cuatro exgobernadores regionales y todos ellos vienen atravesando procesos por corrupción, muchos en trámite. A excepción de Iván Vásquez, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Iquitos, también con otras denuncias que siguen su curso.

De acuerdo al Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO 2024) de la Contraloría General de la República, el perjuicio de la corrupción en esta región amazónica alcanza los S/ 800 millones en lo que va del año.

Con dos exgobernadores sentenciados y prófugos, Junín es la segunda región con más casos de corrupción

Después de Lima, Junín es la región que lidera el número de casos de corrupción en el sistema judicial en lo que va del 2024. Un liderazgo que tiene a dos exgobernadores con sentencias vigentes y prófugos de la justica.

Hasta fines de junio de este año, la Procuraduría Anticorrupción contabilizó 6 mil 294 casos de corrupción en el país. De estos, 409 comprenden a funcionarios de la región Junín. Lima mantiene su primer lugar con 1209 casos de corrupción.

Vladimir Cerrón: 11 meses prófugo

La negociación incompatible es el delito más recurrente en el cual están involucrados los funcionarios. Precisamente, ese es el delito de la primera sentencia contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en agosto del 2019. Esto, cuando iniciaba el octavo mes de su segundo mandato al frente del Gobierno Regional de Junín. La jueza Susan Carrera Túpac Yupanqui determinó que Cerrón se interesó indebidamente en autorizar un pago a la empresa. Esta había incumplido plazos en la obra de saneamiento de La Oroya. El delito se cometió en la primera gestión de Cerrón como gobernador de Junín (2011-2014)

Luego, en junio del 2021, estallaría el caso Los Dinámicos del Centro. Una presunta organización criminal que cobraba coimas por entregar licencias de conducir en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, y por puestos laborales.

El caso continúa en investigación y la Fiscalía sindica a Vladimir Cerrón como el cabecilla de esta organización. De la misma también formaría parte la presidenta Dina Boluarte. El dinero obtenido ilegalmente se utilizó para financiar la campaña electoral de Perú Libre en el 2021, según la tesis fiscal. Boluarte era parte de la plancha presidencial que encabezó Pedro Castillo.

La primera sentencia contra el exgobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón fue en agosto de 2019. Por negociación incompatible, cuando iniciaba el octavo mes de su segundo mandato al frente del Gobierno Regional.

En febrero de 2023, a Vladimir Cerrón lo sentencian por segunda vez por corrupción. Ahora, por el caso del Aeródromo Wanka, en el cual es hallado responsable de delito de colusión. La condena la reformulan en segunda instancia a 3 años y 6 meses de pena efectiva, el 6 de octubre de 2023. Desde entonces, el líder de Perú Libre se encuentra prófugo.

Exgobernador Ángel Unchupaico sentenciado por lavado de activos

Ángel Unchupaico Canchumani es el segundo exgobernador de Junín con dos sentencias condenatorias del Poder Judicial, aunque ambas con efecto suspendido. La primera, por lavado de activos, del 27 de setiembre de 2023. El delito lo habría cometido cuando ejerció como alcalde del distrito más poblado de la región, El Tambo, entre el 2007 y 2014.

En esos años, según la Fiscalía, habría funcionado en esa municipalidad una organización criminal dedicada a desviar dinero público hasta por S/ 63 millones. Parte del botín se utilizó, a través de terceros, para la construcción de un edificio de 12 pisos, llamado Edificio Storby. El caso aún no se resuelve en segunda instancia, pero la Sala de Apelaciones de la Corte de Junín ya pidió descargos a las partes.

La segunda sentencia contra el exgobernador Unchupaico se dictó en enero de 2024. Esta vez por el delito de negociación incompatible al haber designado a un asesor legal que no cumplía los requisitos para el cargo. Al exgobernador lo sentenciaron a 4 años y seis meses de prisión suspendida.

En el 2023, la corrupción se llevó en la región Junín S/ 671 millones, con los que podrían haberse construido 130 puestos de salud.

Arequipa: Alcalde de Yarabamba involucrado en caso de corrupción

Según información de la Procuraduría especializada en investigar Corrupción, en Arequipa 122 municipalidades fueron las entidades con más porcentaje involucradas en casos de corrupción (47 %). Esta cifra hace referencia a la primera mitad del 2024.

Precisamente, en enero de este año se destapó un escándalo en la municipalidad de Yarabamba. En un megaoperativo llevado a cabo en Arequipa el 23 de enero de 2024, detienen a Manuel Aco, entonces alcalde del distrito de Yarabamba. Es acusado de liderar la presunta organización criminal «Los Ediles del Cono Sur». La operación, realizada por la policía anticorrupción, también implicó a otros cinco funcionarios de la municipalidad. Aco y su grupo están acusados de diversos delitos contra la administración pública, incluyendo concusión, tráfico de influencias y malversación de fondos.

Durante el operativo, que incluyó el allanamiento de 11 inmuebles y cinco oficinas municipales, se encontró más de 80 mil soles en efectivo en la residencia del alcalde. Además, se decomisaron en total 584,650 soles, así como diversos dispositivos electrónicos y documentos.

El 23 de enero de 2024, Manuel Aco, al entonces alcalde del distrito de Yarabamba, de Arequipa, lo detienen acusado de liderar la presunta organización criminal «Los Ediles del Cono Sur». Fue acusado de concusión, tráfico de influencias y malversación de fondos.

Yarabamba es uno de los distritos más ricos del Perú pero solo ejecutó el 25 % del presupuesto

Lo que llamó la atención es que al distrito de Yarabamba se le considera uno de los más ricos del Perú en los últimos años. En agosto, el alcalde reemplazante de Aco, José Luis Luna Zapana, informó que el distrito ha ejecutado solo el 25% del presupuesto acumulado. A pesar de la disponibilidad de recursos, la población sigue reclamando por la falta de servicios tan básicos como el acceso al agua potable.

Sobre Manuel Aco Linares, el exalcalde del distrito más adinerado de Arequipa, actualmente pesa nueve meses de prisión preventiva. Los viene cumpliendo en el penal de Socabaya. La medida es mientras duren las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho activo.

Este caso es solo un botón de muestra de lo ocurrido en otras minucipalidades que reciben canon minero. Es el caso de los exalcaldes de Uchumayo, Vidal Pinto; de Quequeña, José Palomino; de Cerro Colorado, Manuel Vera. Todos ellos acabaron sentenciados. Pinto estuvo en la cárcel, y Vera se mantuvo meses como prófugo de la justicia, donde aun tiene muchas cuentas por rendir.

Gobernadores regionales presos y con restricciones

En cuanto a las autoridades regionales, todas fueron acusadas por casos de corrupción. El más reciente escándalo lo protagonizó Elmer Cáceres Llica quien cumple 36 meses de prisión preventiva por el caso «Los hijos del cóndor». El supuesto negociado involucró a varios consejeros regionales en una repartija de terrenos en Majes. Su antecesora en el cargo, Yamila Osorio, tiene restricción de salida del país, por un contrato celebrado en su gestión con la constructora Obrainsa. La acusan de haber solicitado coimas y el caso está en etapa de juicio oral.

Antes, el expresidente regional Juan Manuel Guillén, tiene varias acusaciones y al menos dos sentencias condenatorias. Estuvo con prisión domiciliaria por el caso vía Arequipa-La Joya en el que se le acusa de solicitar, junto a su equipo, coimas a una constructora española. Y el aprista Daniel Vera Ballón estuvo investigado por lavado de activos. Sus allegados resultaron, sorpresivamente y sin justificación, dueños de un hotel, una empresa de transporte y otros signos de riqueza que no pudieron explicar. El Ministerio Público archivó el caso por «pruebas insuficientes» que vinculara a Daniel Vera Ballón con su cuñada y sus empleados, dueños de estos bienes.

La región Arequipa ha perdido 928 millones de soles el último año, debido a la corrupción.

 

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