En 436 casos no se acreditó pago por emisión de DNI y en otros 266 se realizó el uso indebido de la gratuidad de emisión para sectores vulnerables en el periodo 2023 y 2024.

La Contraloría General de la República identificó recientemente un esquema de corrupción interna que involucra a cerca de 70 servidores públicos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) quienes tramitaron irregularmente DNI para terceras personas. Durante una auditoría de cumplimiento detallada, se descubrieron diversas irregularidades cometidas durante el periodo de los años 2023 y 2024.

Los auditores confirmaron que el personal tramitó de manera irregular más de setecientos documentos de identidad para conocidos, compañeros y terceras personas naturales. En cuatrocientos treinta y seis casos específicos, los beneficiarios obtuvieron su documento sin acreditar el pago correspondiente exigido por la normativa vigente.

Otros doscientos sesenta y seis trámites se realizaron utilizando indebidamente el beneficio de gratuidad destinado exclusivamente para los sectores más vulnerables. Estas acciones fraudulentas vulneran los principios de legalidad y transparencia que deben regir en todas las instituciones del estado peruano hoy.

El informe de control número cero cero uno guion dos mil veintiséis detalla que los trabajadores manipulaban el Sistema Integrado Operativo deliberadamente. Los servidores de la Dirección de Servicios Registrales consignaban falsamente la opción de pérdida para evitar el registro del recibo de pago administrativo.

Esta modalidad se aplicó con mayor frecuencia en la oficina del distrito de San Pablo en Loreto y en la sede de Lima. Las irregularidades en el Reniec permitieron que empleados de la oficina registral de Lurín gestionaran hasta cuatro trámites gratuitos para un mismo compañero. A pesar de que la entidad prohibió el uso de la opción de pérdida en abril del año pasado, se registraron nuevos casos. El personal de la Subdirección de Procesamiento de Identificación aprobó estos expedientes sin advertir la falta de pago de las tasas oficiales.

Corrupción interna e irregularidades en el Reniec

La auditoría también reveló el uso injustificado de resoluciones que otorgan gratuidad por desastres naturales o situaciones de pobreza extrema en el país. Dos trabajadores de la oficina de Chosica utilizaron sus accesos para beneficiar a colegas sin presentar ningún documento que acreditara su supuesta vulnerabilidad.

Un servidor de la sede de Huancayo en Junín realizó el mismo trámite ilícito para beneficio propio bajo la modalidad de gratuidad inexistente. Estas irregularidades en el Reniec incluyen deficiencias en el registro de carnés del Conadis para sustentar trámites gratuitos por discapacidad en las fichas físicas.

La Contraloría General identificó presunta responsabilidad de carácter penal en tres trabajadores específicos de la institución registral por estos hechos de corrupción. Además, sesenta y nueve servidores públicos enfrentan ahora responsabilidades administrativas por contravenir las normas internas y las leyes de presupuesto del sector público.

El riesgo de que ciudadanos soliciten devoluciones de tasas pagadas por trámites ya procesados genera una potencial pérdida económica para el erario nacional. Los auditores advirtieron que mil ochocientos dieciséis trámites para mayores de edad carecen de recibos de pago registrados debidamente como utilizados en el sistema.

El Reniec debe fortalecer sus controles informáticos para evitar que sus trabajadores sigan vulnerando los accesos para favorecer a sus allegados o familiares. La transparencia en la emisión de documentos de identidad es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y el orden administrativo en todo el territorio.

Las autoridades correspondientes han recibido el informe completo para que inicien las acciones legales y dispongan el deslinde de las responsabilidades funcionales. La ciudadanía puede acceder al documento completo mediante el portal web oficial de la Contraloría para conocer todos los detalles de la intervención.

Cada sol no recaudado por estas malas prácticas administrativas representa una falta de recursos para mejorar los servicios de identificación de los peruanos. La identificación de estas faltas graves es el primer paso para limpiar las instituciones de funcionarios que anteponen sus intereses a la ley.

El sistema de identificación nacional no puede ser utilizado como una herramienta de favor político o personal por parte de quienes lo administran. Se espera que las sanciones sean ejemplares para disuadir a otros servidores de cometer actos similares que dañan la imagen de la gestión.

La fiscalización continua sobre el uso de la gratuidad asegura que los beneficios lleguen realmente a las personas que más lo necesitan urgentemente. El Perú requiere de funcionarios íntegros que respeten los procedimientos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de cada entidad del gobierno.