Diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de Prensa Peruana, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Sociedad Interamericana de Prensa, Comité para la Protección de Periodistas, han expresado su rechazo a un texto sustitutorio en proyectos de ley impulsados desde el Congreso peruano.
La iniciativa ya está aprobada en primera votación por el Congreso. La propuesta legislativa endurece las sanciones por delitos de difamación y calumnia. Además, modifica el derecho de rectificación en los medios de comunicación.
Según diversos pronunciamientos, la propuesta representa una grave amenaza a la libertad de expresión e información. Lo impulsado desde el Congreso, a punto de convertirse en Ley, derivaría en la criminalización de investigaciones periodísticas sobre presuntos delitos de funcionarios y autoridades.
Congreso buscaría una prensa servil: Quieren rectificaciones por tres días seguidos
El proyecto de ley contempla el aumento de la pena privativa de libertad hasta ocho años para los delitos de calumnia y difamación, además de la imposición de sanciones económicas en favor del querellante.
La arremetida desde el Congreso contra el derecho a la información y al trabajo periodístico, también introduce de manera antijurídica el delito de violación a la intimidad. Esto se da en medio de investigaciones a Dina Boluarte sobre sus presuntas ausencias en el cargo de la presidencia a partir de cirugías.
Otro aspecto criticado de la iniciativa es la reducción del plazo para que los medios de comunicación atiendan solicitudes de rectificación, limitándolo a un solo día. Esta medida es considerada inviable para medios de publicación semanal o con procesos de producción más extensos, lo que dificultaría la difusión de respuestas adecuadas a eventuales errores o inexactitudes. Además, añade la desproporcionalidad de rectificación por tres días seguidos.
Las organizaciones firmantes han advertido que esta propuesta legislativa no se ajusta a los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pronunciamiento invoca al Congreso a reconsiderar su aprobación. Según señala el comunicado, la norma, lejos de proteger derechos fundamentales, atentaría contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Isaac Mita, de Perú Libre, preside la comisión de Justicia y Derechos Humanos, la cual presentó el texto sustitutorio con los recortes a los derechos de periodistas y ciudadanos, votado en el Pleno del Congreso
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