La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano suspender de manera inmediata el trámite del proyecto de Ley N° 7549/2023-CR que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa implicados en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La decisión busca garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas en los emblemáticos casos Barrios Altos y La Cantuta.

La presidenta de la Corte IDH emitió esta resolución el último 24 de julio, tras considerar que la ley propuesta podría causar un «daño irreparable» al derecho de acceso a la justicia de las víctimas e instruyó a las autoridades competentes a abstenerse de aplicar la ley si esta no se suspende, para asegurar que no surta efectos jurídicos.

Esta medida estará vigente hasta que el Tribunal evalúe a fondo la solicitud de ampliación de las medidas provisionales y su impacto en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

Esta Ley de Amnistía obtuvo la aprobación en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio y el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 15 de agosto para promulgarla u observarla. 

«Se concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000«, señala en su primer artículo la norma pendiente de promulgación.

La Corte IDH reiteró consistentemente que las leyes de amnistía son inadmisibles en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El Tribunal ya había declarado que los hechos de La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.

Las representantes de las víctimas solicitaron la ampliación de las medidas provisionales el 13 de junio de 2025, argumentando que la ley representa un «agravamiento sustancial» y podría beneficiar a personas ya condenadas o procesadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta, lo cual privaría a las víctimas el acceso a la verdad y a la justicia de manera definitiva e irreparable.

700 militares se beneficiarían con la amnistía

Pero dicha Ley de Amnistía beneficiará también a otros casos en los cuales están involucrados miembros de las fuerzas armadas. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, alrededor de 700 militares involucrados en violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 200, conocido como el periodo de la violencia interna, quedarán impunes, si la norma se aplica.

Uno de estos casos son las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de 63 estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), entre 1989 y 1993, que encuentra en juicio oral en la Corte Penal Nacional.

Entre los ocho oficiales del Ejército, acusados de graves violaciones a los derechos humanos en el caso de la UNCP, se encuentra Luis Pérez Documet quien lideraba la 31 Brigada de Infantería en 1991. La Fiscalía le atribuye responsabilidad como autor mediato del delito de secuestro agravado y homicidio calificado, junto a otros oficiales de mando medio-superior

La Corte convocó a una audiencia pública presencial para el jueves 21 de agosto de 2025, en su sede en San José, Costa Rica, en la cual debe presentarse el Estado peruano, las representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir las medidas provisionales para las víctimas y la solicitud de ampliación.

En 2001, la Corte IDH sentenció a Perú como responsable de violaciones al derecho a la vida e integridad personal en el caso Barrios Altos. En 2006, la Corte declaró a Perú responsable por la desaparición forzada de siete estudiantes y un profesor, y la ejecución de dos estudiantes en el caso La Cantuta. En ambos casos, el Tribunal ordenó al Estado investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Aquí resolución de la presidenta de la Corte IDH

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS by Huanca York Times

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