La crisis por contaminación con metales pesados en el agua sigue afectando a diversas provincias de Arequipa. El gerente regional de Salud, Rafael Gallegos, anunció que este martes se evaluará junto al Ministerio de Salud (Minsa) la posibilidad de ampliar nuevamente el estado de emergencia en los distritos de la provincia de Islay, debido a la persistente contaminación del río Tambo.

Desde agosto de 2024, el Ejecutivo ha decretado y prorrogado el estado de emergencia en la zona a fin de monitorear y controlar la calidad del agua. Sin embargo, con la última ampliación a punto de finalizar, Gallegos considera que la medida debe continuar.

«Desde mi opinión pediría que sí se amplíe, que esto no quede ahí. Sigamos en el control y seguimiento en la toma de muestras para que tengamos conocimiento de qué agua se está tomando hasta que tengamos las máquinas que procesen o una fuente de almacenamiento de agua para toda la provincia»

Rafael Gallegos, gerente regional de Salud

A pesar de la contaminación, Gallegos informó que no se ha reportado ningún caso de intoxicación por metales pesados en la población de Islay. No obstante, advirtió que los habitantes siguen expuestos, ya que el agua no está siendo bien tratada por las entidades responsables de su distribución.

El funcionario también recordó que en noviembre y diciembre de 2024 se realizaron estudios a 323 personas, entre niños menores de 12 años y madres gestantes. Las muestras fueron enviadas a Lima y se espera que el Instituto Nacional de Salud entregue los resultados, aunque no se han precisado fechas.

Contaminación en más provincias de Arequipa

El problema de los metales pesados en el agua no es exclusivo de Islay. En los últimos días, la consejera regional por Castilla, Natividad Taco, informó que al menos 11 centros poblados de las provincias de Castilla y Condesuyos también enfrentan una grave contaminación de sus fuentes de agua.

La situación se debe a la presencia de metales como aluminio, hierro y arsénico en el río Umachulco, lo que representa un alto riesgo para la salud pública. Entre las localidades más afectadas se encuentran Andagua, Chilcaymarca, Cayarani, Orcopampa y Chachas. Además de la presencia de metales pesados, el agua en estas zonas presenta una alta turbidez, lo que la hace aún más peligrosa para el consumo humano.

La consejera exigió que se realicen análisis de sangre y orina a los pobladores afectados para evaluar el impacto de la contaminación en su salud. También señaló que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha recomendado el cierre definitivo de la unidad minera Poracota, operada por la Compañía Minera Buenaventura, que sería la principal fuente de la contaminación. Esta empresa ya fue sancionada en 2019 por problemas similares.

Ante esta situación, Gallegos reconoció la urgencia de realizar estudios en las poblaciones de ambas provincias. «En la parte alta de Castilla y Condesuyos tenemos que hacer un monitoreo para evaluar el consumo de la población y monitorizar los niveles de contaminación del agua», declaró. Sin embargo, no precisó plazos ni estrategias concretas, ya que la decisión sobre los análisis aún está en evaluación.

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