La Contraloría General de la República detectó que doce municipalidades distritales de Cusco suscribieron contratos con proveedores impedidos legalmente para trabajar con el Estado peruano. Esta situación irregular compromete seriamente la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos destinados a las comunidades locales.
Los informes de Acción de Oficio Posterior señalan directamente a las gestiones de Pichari, Cielo Punco, Ocobamba, Vilcabamba, Echarati, Ocongate y Marcapata. Asimismo, la auditoría incluye a las comunas de Quispicanchi, Ollantaytambo, Machupicchu, Kosñipata y Mollepata por haber vulnerado las restricciones de la normativa vigente.
En el distrito de Pichari, las autoridades pactaron un servicio por S/ 74 514 con una ciudadana que es hermana de un exalcalde. Mientras tanto, en Cielo Punco, un asistente técnico prestó servicios a la entidad a pesar de ser el hijo de un exregidor distrital. Por su parte, la Municipalidad de Ocobamba permitió la suscripción de acuerdos por S/ 9300 con una persona sentenciada por delitos de administración pública. Estos hallazgos demuestran una falta de control interno durante los procesos de selección de proveedores dentro de las diversas dependencias municipales cusqueñas.
La Municipalidad de Vilcabamba desembolsó S/ 107 318 por alquiler de maquinaria y compra de materiales a un empresario con sanción vigente por corrupción. En Echarati, el órgano de control identificó pagos por alimentación y bebidas que suman S/ 81 451 realizados a familiares de regidores actuales.
La comuna de Quispicanchi también entregó S/ 34 489 a una proveedora que mantiene vínculos de parentesco directos con un antiguo regidor provincial. Estos hechos contravienen directamente el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y afectan la confianza de la población.
Irregularidades en contratos con proveedores impedidos por ley
El distrito de Marcapata contrató por S/ 104 500 a una empresa cuyos accionistas son familiares directos de un alto gerente municipal. Dicho funcionario omitió declarar este vínculo parental en su Declaración Jurada de Intereses del año 2025, agravando la falta administrativa detectada.
Adicionalmente, esta misma municipalidad realizó otro pago de S/ 8500 a una persona que cuenta con una sanción vigente por delitos de corrupción. Las investigaciones de la Contraloría exponen una red de favoritismos que ignora las prohibiciones legales establecidas para proteger el presupuesto del tesoro público.
En Ocongate se registró un contrato por S/ 31 500 con un proveedor sancionado, mientras que Ollantaytambo y Machupicchu reportaron montos menores comprometidos. Kosñipata también presenta irregularidades por S/ 61 200 en contrataciones efectuadas con personas inhabilitadas para ejercer cualquier función comercial con las entidades estatales.
Finalmente, Mollepata contrató a un individuo impedido por S/ 11 040, sumándose a la lista de municipios que ignoraron las alertas de inhabilitación. La Contraloría ya notificó a los alcaldes para que inicien las medidas correctivas y determinen las responsabilidades administrativas o penales de sus funcionarios.