La Contraloría General de la República (CGR) realizó un operativo nacional para verificar los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública, en Cusco identificó que 84 funcionarios públicos no cumplen con el perfil requerido para ocupar el cargo que ostentan.
Deficiencias en centros de salud de provincias del Cusco
El operativo se hizo en 554 entidades públicas de todo el país. Se encontró que 1584 directivos de libre designación y remoción no cumplían con los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento. Los requisitos también están en los documentos de gestión de sus respectivas entidades.
En la región Cusco se visitaron 24 entidades públicas. Se identificó a 84 directivos públicos que no acreditaron los requisitos del perfil. La mayor cantidad se concentra en la Municipalidad Distrital de Huarocondo (Anta) con 11. Le siguen las municipalidades provinciales de Anta y Urubamba con 10 y 8, respectivamente. En la comuna distrital de Pichari (La Convención) son 7.
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Funcionarios «de confianza» no cumplen con el perfil
Los directivos públicos de libre designación y remoción son aquellos que ocupan cargos de confianza. Son nombrados y removidos por los titulares de los pliegos. Estos cargos son, por ejemplo, gerentes, subgerentes, directores, jefes, entre otros.
El operativo nacional se realizó del 1 al 15 de setiembre del 2023. Se verificaron los requisitos e impedimentos para el ejercicio de la función pública de 1584 directivos públicos. Estos pertenecen a gobiernos regionales y municipalidades (provinciales y distritales).
La CGR notificó los resultados a los titulares de los pliegos. Les pidió que levanten las observaciones a la brevedad posible. También les recordó que deben cumplir con la normativa vigente. Así se garantiza la idoneidad y probidad de los servidores públicos.
El operativo nacional forma parte de las acciones preventivas que realiza la CGR. Busca fortalecer el control interno y la gestión pública. También busca promover la transparencia y la rendición de cuentas.