Durante el primer trimestre de 2023, 22 denuncias de tortura sucedieron a consecuencia de la crisis política desatada desde que Dina Boluarte asumió el gobierno. En 2021 y 2022 la Defensoría del Pueblo detectó que los centros penitenciarios eran los lugares donde ocurrían más hechos de tortura y tratos inhumanos. Ahora los registros apuntan a que la mayoría de las víctimas son ciudadanos que participan en las manifestaciones.

De las 22 denuncias, 13 corresponden a presuntos hechos de tortura y malos tratos ocurridos durante las manifestaciones, 4 casos sucedieron durante la detención o privación de libertad, 3 casos tuvieron lugar durante la permanencia de los afectados en las dependencias policiales, tras la detención.

La institución defensorial añade dos casos emblemáticos para reflejar la crueldad de parte de los agresores en las denuncias de tortura: La dolorosa agonía de Rosalino Florez y la cuestionada toma de San Marcos. Ambas situaciones con características de delitos de tortura involucran a agentes de la Policía como presuntos agresores.

Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura,  explicó a esta redacción que algunas quejas podrían ser colectivas.

“Son 22 quejas registradas ante la Defensoría del Pueblo, pero esas 22 quejas representan un número mayor de personas afectadas. Por ejemplo, es el caso de Juliaca, donde hubo 18 muertos y varios fallecieron a consecuencia de disparos por la espalda. Igual situación es la de Ayacucho que es una sola investigación pero involucra a más víctimas de presunta tortura […] A esos 22 casos habría que sumarle las cifras de enero. febrero y marzo que no tienen que ver con las presuntas torturas relacionadas a las manifestaciones”.

Quejas registradas entre el 7 de diciembre de 2022 al 15 de marzo de 2023

La Defensoría del Pueblo elaboró el primer Reporte de casos de presunta tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este documento trabajado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) da cuenta de un total de 22 casos registrados por las diversas oficinas de la Defensoría del Pueblo entre el 7 de diciembre de 2022 al 15 de marzo de 2023. Este periodo corresponde a las crisis política y protestas masivas de la ciudadanía contra Dina Boluarte.

El conflicto escaló a niveles preocupantes por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, como lo revelan informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A estas publicaciones internacionales se suma el Reporte recientemente realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNPT). Este último es un área de la Defensoría del Pueblo. Todos estos registros, tanto los internacionales como el última del MNPT, observan, compilan y señalan con alarma la ferocidad de la represión del gobierno actual que tipificaría como violación de los derechos humanos.

Desde el inicio del estallido social, el MNPT ha intervenido y hecho seguimiento a situaciones de evidente vulneración de derechos humanos. Esta labor pone especial énfasis en las situaciones de tortura o tratos crueles e inhumanos.

Estos datos compartidos por el MNPT fueron obtenidos a través del Sistema de Información Defensorial (SID) de la Defensoría del Pueblo.

Del 7 de diciembre de 2022 al 15 de marzo de 2023 se registraron en el SID 22 quejas. Estas se refieren a hechos que constituirían en tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso tortura.

El factor agresor corresponde a la fuerza excesiva por parte de los efectivos policiales y militares durante las manifestaciones y las detenciones, muchas de ellas arbitrarias.

“El uso de la fuerza al margen de la detención por parte de los agentes del Estado que no resulte necesario ni proporcional a las circunstancias, supone un atentado a la dignidad humana, lo que constituye tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, señala Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura de Naciones Unidas.

En opinión de Nils Melzer, todo uso de la fuerza en el margen de la detención que incluya ocasionar dolor o sufrimiento de manera intencional y deliberada constituye una forma de tortura.

En el periodo que se informa, los hechos reportados tuvieron lugar en las regiones de Puno (9), Lima (7), Cusco (4), Apurímac (1) y Ayacucho (1).

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