La comunidad de Chihuani denuncia un presunto cobro indebido por el ingreso a la Montaña de Siete Colores, en Cusco. El abogado Franco Navarro informó que un grupo conformó una asociación sin fines de lucro para administrar estos ingresos sin autorización comunal.
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Según Navarro, esta organización estaría dirigida por Juvenal Herrera Colque, ex asesor de la Municipalidad de Cusipata, quien renunció a su cargo el 15 de junio pasado. Pocos días después, Herrera asumió la presidencia de la asociación junto a Filomeno Betínco e Isidro Cova, quienes actualmente cobran 20 soles a visitantes nacionales y 30 a extranjeros.
Las denuncias apuntan a que este cobro contradice acuerdos previos con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que reconoció a la comunidad de Chihuani como la única autorizada para administrar el acceso. Dichos acuerdos solo pueden modificarse por decisión en asamblea comunal, algo que no ocurrió en este caso.
Cobros irregulares en Montaña Siete Colores Vinicunca preocupa a las autoridades
Navarro indicó que existe un hábeas corpus que impide restringir el ingreso a la montaña sin consenso entre comunidad e instituciones. Sin embargo, asegura que el grupo liderado por Herrera continúa cobrando sin rendir cuentas sobre el destino del dinero.
El abogado señaló que se han realizado al menos diez mesas técnicas que otorgaron la administración a la comunidad. Aun así, la asociación mantiene el control del acceso, lo que motivó denuncias ante el Ministerio Público. Entre los denunciados figuran Herrera y Betínco, además de la propia asociación.
Rosario Vacas, una de las denunciantes, solicitó la intervención de las autoridades para suspender el cobro y verificar si la asociación tributa ante la SUNAT. También se advierte que los dirigentes podrían haber sorprendido a jueces de paz para obtener avales irregulares.
La situación ha generado tensión en la zona. El abogado relata que, en asamblea comunal, Pablo asumió la presidencia de Chihuani, reemplazando a Joaquín Latigo. Sin embargo, Pablo y Cova acudieron luego a una notaría para presentar una tacha contra su propia elección. Según Navarro, esta acción busca impedir que el nuevo presidente sea inscrito formalmente y así mantener el control del cobro.
La fiscal superior Rina Arana, de Quispicanchi, recibió el pedido para actuar de inmediato, dado que se trataría de un delito con fines de lucro en una propiedad privada. El caso continúa bajo investigación.