La Contraloría General de la República ha emitido una notificación al gobernador regional Werner Salcedo, destacando indicios de irregularidades en las contrataciones del Gobierno Regional del Cusco. El informe de Acción de Oficio Posterior N° 19771-2024-CG/GRCU-AOP revela que algunos funcionarios de dicha entidad favorecieron a una sola empresa en contratos menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Favorecimiento en GORE Cusco: otorgan buena pro a postor que cobró más caro
La empresa en cuestión es COELECTROFER EIRL, que recibió contratos por un total superior a 251,000 soles. El informe de la Contraloría menciona presuntas irregularidades y posibles indicios de corrupción en estas contrataciones. Los funcionarios responsables de estas compras parecen haber re-cotizado los bienes después de otorgar la buena pro, lo que afectó la transparencia del proceso y benefició a la empresa mencionada.
-
Recomendados:
- Crónica | Las heridas invisibles de la trata: “Doctora, se volvió a escapar”
- Agricultores de San Lorenzo dan tregua y fijan precio del mango hasta el domingo
- UNAMAD: Contraloría detecta graves irregularidades en sustentación de tesis entre 2021 y 2024
Irregularidades en contrataciones del Gobierno Regional Cusco
Los cuadros comparativos de cotizaciones revelan diferencias notables en los precios ofertados por las empresas. Por ejemplo, en el requerimiento número 464, la empresa A&D Manufacturas Eléctricas SCRL ganó el contrato con una oferta de 21,999 soles. COELECTROFER EIRL había cotizado 26,113 soles. Sin embargo, en una nueva ronda de cotizaciones, COELECTROFER EIRL obtuvo el contrato final con una oferta de 26,221 soles.
La Contraloría recomienda hacer un seguimiento detallado de estos contratos y tomar acciones administrativas contra los responsables directos. La situación destaca la necesidad de mantener la transparencia en los procesos de contratación y asegurar que todos los procedimientos se realicen de manera justa y equitativa.
Estas revelaciones ponen en evidencia la importancia de una supervisión rigurosa para prevenir la corrupción y asegurar la integridad en la gestión pública. La comunidad espera que se tomen medidas efectivas para corregir estas irregularidades y garantizar que las futuras contrataciones se realicen conforme a la ley y los principios de transparencia.