La minera Antapaccay, ubicada en la provincia de Espinar, en Cusco, ha sido objeto de una importante sanción ambiental por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Aunque la empresa extractiva hace sus mejores esfuerzos por promover una imagen de responsabilidad social, parece ocultar una realidad mucho más compleja, lo cual debe ser abordado con seriedad y urgencia. Además, el alto precio internacional del cobre —impulsado por la transición energética global— ha intensificado la presión extractiva en esta provincia.

En entrevista con Cusco Post, Liliana Peña, coordinadora del Área Ambiental de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), afirmó que es fundamental comprender que la labor social de apoyo a las comunidades, a menudo destacada por la minera Antapaccay, no logra compensar de ninguna manera el grave daño ecosistémico que se está generando en toda su área de influencia.

En octubre de 2025, OEFA sancionó a Antapaccay con S/ 5.75 millones por daños en el componente aire. Este impacto ambiental que motivó la sanción contra la minera y que actualmente se encuentra en una etapa de apelación por parte de la empresa, es una amenaza exponencial que afecta directamente a los recursos vitales de las comunidades cercanas.

Asimismo, explicó que los efectos contaminantes se extienden a través del aire, que al sedimentarse llega a la flora y fauna, además de contaminar el agua que después se distribuye para regar los territorios de cultivo, lo cual incluye los pastizales donde se alimentan los animales de los cuales dependen las comunidades.

«Daño ecosistémico ocasionado por Antapaccay es severo»

Por eso, Peña señala que, el daño ecosistémico ocasionado por Antapaccay es tan severo que los programas de acompañamiento y ayuda social no logran mitigar la magnitud de la afectación ambiental que se está generando en Espinar. El problema es que el daño no se limita a la salud ambiental general, sino que pone en peligro a las personas que están expuestas a altos niveles de metales pesados, lo cual es una situación extremadamente grave.

El tratamiento para enfrentar la afectación por metales pesados en el cuerpo humano, como la quelación, es muy difícil e incluso no garantiza la eliminación de los contaminantes que se bioacumulan durante años en los organismo vivos.

Liliana Peña señala que a pesar de que la sanción impuesta por las autoridades competentes resulta significativa, definitivamente no compensa en absoluto el impacto crítico que se está generando en la provincia de Espinar. Según indica, Espinar se está convirtiendo en una zona de sacrificio humano para las comunidades, y la situación podría agravarse todavía más con la ampliación que se pretende realizar del proyecto minero Coroccohuayco.

Antapaccay y el daño ecosistémico que amenaza la salud de la población 

Se estima que aproximadamente más de diez mil personas de las comunidades viven dentro del área de influencia directa de la operación minera, no obstante, la población potencialmente afectada supera con creces esa cifra. De hecho, más de cincuenta y siete mil personas residen en la capital de la provincia de Espinar, la cual se encuentra a solo una hora de distancia de la actividad extractiva propiamente dicha de la minera Antapaccay.

«Los resultados de análisis realizados a las personas que viven en la provincia están dando positivo a la exposición de metales pesados como el arsénico, el mercurio y el cadmio, lo cual confirma una exposición masiva», señaló Peña.

Afectaciones a nivel del ADN

La especialista, afirma que el daño no solo afecta a las generaciones actuales, sino que también tiene el potencial de dañar a las futuras, puesto que existe la posibilidad de generar afectaciones a nivel de ADN y provocar malformaciones en los niños no nacidos.

«Es muy importante señalar que un estudio realizado sobre la salud sexual y reproductiva en mujeres en edad fértil demostró un crecimiento de la incidencia de abortos espontáneos en aquellas mujeres que tienen resultados de exposición por arsénico. Además, ha aumentado el tema de la infertilidad secundaria, lo cual quiere decir que mujeres que ya tuvieron un hijo no pueden volver a concebir, habiendo perdido el embarazo hasta por cinco veces en algunos casos», explicó.

La situación resulta crítica también para los niños, donde está creciendo la tasa de menores con discapacidad y necesidades especiales, lo cual es un indicador alarmante para la salud pública de la provincia de Espinar.

«Es imprescindible controlar la salud de las madres gestantes expuestas a metales pesados, sin embargo, las autoridades están descuidando completamente esta vigilancia, mientras la minera promueve un discurso de «minería verde» o de responsabilidad social. La empresa minera Antapaccay ha respondido a la sanción presentando una apelación, lo cual agota todas las instancias administrativas posibles y busca desconocer los resultados que ha presentado la OEFA», incide Peña.

Apelación en curso

Liliana Peña relató que, inicialmente, la empresa argumentó que la metodología aplicada por la OEFA estaba mal y no seguía los protocolos nacionales para la evaluación, presentando estudios de parte que fueron revisados por las universidades Cayetano Heredia y Agraria de La Molina. Sin embargo, el Tribunal de Fiscalización Ambiental ha determinado que la metodología utilizada en el estudio de causalidad del componente aire está bien hecha, lo cual respalda la posición de las comunidades en busca de justicia ambiental.

«Las comunidades están exigiendo que se respete y se reconozca el valor real que tiene este estudio de causalidad realizado por el organismo técnico especializado en fiscalización ambiental», afirmó.

Para Peña, este estudio de causalidad debería ser un punto de inflexión para evaluar la viabilidad del proyecto de expansión minera Coroccohuayco, pues los resultados han demostrado la innegable afectación ambiental que se ha generado en el ecosistema. Sin embargo, la empresa minera ha respondido que son dos procesos administrativos totalmente diferentes que no tendrían por qué verse juntos, y así lograr la ampliación de sus actividades en la misma zona. Separar ambos procesos implica incurrir en el riesgo de no realizar un análisis acumulativo de los impactos ya existentes y los que se van a generar en el futuro.

Reglas más flexibles son un riesgo inminente

Peña también se refirió al famoso shock desregulatorio que se está promoviendo en Perú. Dijo que la reorganización del Senace y la reducción de plazos de fiscalización, son un riesgo inminente para las evaluaciones medioambientales de proyectos mineros en todo el país.

Además, el Estudio de Impacto Ambiental del 2019, que aún tiene certificación, quedó corto ante la magnitud del impacto real generado por la actividad extractiva de Antapaccay, tal como lo ha demostrado el estudio de causalidad. Reducir los plazos de cuatrocientos días hábiles a ciento veinte días para evaluar un Estudio de Impacto Ambiental reducirá significativamente el tiempo para la participación ciudadana.

Consulta previa en riesgo

Las comunidades actualmente tienen solo quince días para presentar observaciones a documentos que pueden tener más de diez mil hojas con lenguaje técnico complejo, y este plazo se reduciría todavía más si se flexibilizan los tiempos, explicó. Además, es muy importante señalar que en la reorganización de la Autoridad Nacional del Agua ANA, se le está quitando la facultad de opinión técnica vinculante para los informes técnicos sustentatorios, los cuales han sido la salida para que las empresas no presenten una segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental. «La flexibilización de la fiscalización ambiental a costa del agua y la salud de las comunidades no se puede permitir», afirmó.

Finalmente, las especialista observa que Antapaccay es la minera que tiene la mayor cantidad de agua del Perú, pero las comunidades cercanas no tienen acceso al recurso y les están llevando el agua en tanques cada diez días. Esto demuestra una clara contradicción con cualquier discurso de gobernanza ambiental o del agua en nuestro país, mientras el estudio de causalidad demuestra los impactos reales de la minera en Espinar.

Liliana Peña, coordinadora del área ambiental de Derechos Humanos Sin Fronteras, concluye que el riesgo de avanzar con la inversión privada a costa de la salud y el agua es demasiado alto y debe ser detenido de inmediato.