Fernando Olivera, candidato presidencial por el Frente de la Esperanza, reafirmó su compromiso de lucha frontal contra lo que denomina un sistema de corrupción institucionalizado que oprime al país desde sus inicios republicanos. Durante una entrevista con la red de medios regionales, el líder de la escoba aseguró que su actividad política no nace de un simple discurso coyuntural, sino de una vida entregada a enfrentar a las mafias que han capturado el poder. 

El aspirante a la presidencia anunció que, de ganar los comicios, presentará el mismo 28 de julio la denominada Ley Patriota, un paquete de reformas constitucionales y legales diseñadas para refundar las instituciones peruanas. En caso de encontrar resistencia en el Congreso de la República, Olivera advirtió que convocará a un referéndum nacional para el 7 de octubre, bajo la premisa de que en una democracia el pueblo debe mandar por encima de las trabas legislativas.

El plan de gobierno de Olivera prioriza la atención inmediata de las brechas sociales mediante el uso de facultades presidenciales. El candidato planea emitir decretos de urgencia para financiar programas que eliminen la anemia y la desnutrición infantil, además de enfrentar la inseguridad alimentaria que afecta a millones de ciudadanos en la sierra y las zonas periféricas de Lima. 

Entre sus propuestas económicas destaca la creación de un impuesto para las empresas que explotan recursos naturales, cuyo monto se destinará exclusivamente al fondo de pensiones de jubilados y cesantes que hoy perciben ingresos insuficientes. Asimismo, el candidato propone la eliminación de los servicios de tercerización laboral, argumentando que estos mecanismos representan una explotación legalizada de los trabajadores peruanos.

Reformas estructurales y seguridad ciudadana

En el ámbito de la justicia y la ética pública, la Ley Patriota contempla la eliminación de privilegios para las altas autoridades, suprimiendo la inmunidad y el antejuicio político. Olivera impulsa la aplicación de mecanismos de democracia directa, tales como la rendición de cuentas y la revocatoria del cargo, la cual alcanzaría incluso al presidente de la República y a los congresistas que incumplan sus promesas electorales. 

Para combatir la criminalidad, el candidato presentó a su equipo técnico, destacando la presencia de Cesar Ortiz Anderson, experto en seguridad ciudadana, y el general Víctor Canales, con quienes planea una reforma radical de las fuerzas del orden basada en la inteligencia y el uso de tecnología avanzada.

La propuesta productiva del Frente de la Esperanza también incluye la industrialización de recursos estratégicos. Olivera planteó utilizar el gas de Camisea para producir urea en plantas como la de Cachimayo, lo que permitiría abastecer al agro nacional y reducir costos para los pequeños agricultores. 

Además, defendió el potencial de la pesca de consumo humano como una herramienta para generar medio millón de puestos de trabajo y combatir el hambre, criticando duramente la presencia de flotas extranjeras que depredan el mar peruano. El candidato enfatizó que su gestión no dependerá de poderes económicos, defendiendo la austeridad en el gasto público y la eliminación de entes que considera decorativos, como el Parlamento Andino.

Durante el interrogatorio sobre su declaración jurada de hoja de vida, Olivera explicó que sus ingresos del año 2024 figuran en cero porque trabaja de forma independiente y vive de su patrimonio personal. Detalló que cuenta con un bono de reconocimiento del fondo de pensiones que asciende a 160 mil soles y que ha recurrido a hipotecas sobre sus propiedades para financiar sus actividades, rechazando cualquier cuestionamiento sobre su transparencia financiera. 

Finalmente, ante los cuestionamientos por antecedentes de candidatos de su lista en regiones como Loreto, el líder político aseguró que analizará cada caso, aunque defendió la apertura de su frente a profesionales honestos que no necesariamente tengan militancia partidaria previa.