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Exconsejera de La Convención exige al Estado cumplir la ley sobre las regalías del gas de Camisea

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La exconsejera regional Elena Emperatriz Ascarza Quispe solicitó hoy que el Estado peruano respete la normativa sobre las regalías del gas de Camisea. La representante de la provincia de La Convención cuestionó duramente la falta de transparencia en la distribución de estos importantes recursos económicos actualmente.

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Ella sentenció que las autoridades nacionales deben mejorar el acceso a la información oficial sobre la explotación del recurso energético en Cusco. La distribución adecuada de estos fondos impacta directamente en la capacidad de gestión de los gobiernos locales dentro de nuestra jurisdicción regional.

Ascarza Quispe también se pronunció sobre el avance de la masificación energética para lograr un beneficio real en favor de la población. La exautoridad explicó que en el distrito de Pichari resulta factible implementar este proceso por su cercanía estratégica con la región Ayacucho.

El Fondo de Inclusión Social Energético representa un recurso de todos los peruanos que debe utilizarse para mejorar la calidad de vida. No obstante, la entrevistada advirtió sobre las dificultades logísticas que presenta el traslado del gas virtual debido a la geografía local complicada.

Desafíos logísticos y regalías del gas de Camisea

Las precarias condiciones de las vías de comunicación en La Convención dificultan el tránsito de las enormes cisternas que transportan gas natural. Elena Ascarza subrayó que el modelo de gas virtual favorecerá únicamente a los domicilios pero dejará de lado al importante parque industrial.

Este sistema de transporte terrestre podría ocasionar que la provincia se olvide de proyectos mayores como la petroquímica a base intermedia regional. El debate sobre el uso de los recursos persiste mientras el gas abastece a millones de hogares peruanos desde el año dos mil cuatro.

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En la región Cusco se viene ampliando el alcance del recurso mediante estaciones de gas natural vehicular y proyectos de electrificación rural. Las zonas del Bajo Urubamba esperan que estas iniciativas mejoren la matriz energética local conforme a los compromisos asumidos por el Gobierno central.

La transparencia en el manejo de los fondos sigue siendo la demanda principal de los líderes sociales en esta zona productora gasífera. Los ciudadanos de La Convención exigen que la riqueza generada por el subsuelo se traduzca en obras tangibles para su propio desarrollo.

El cumplimiento de la ley vigente es fundamental para evitar conflictos sociales y asegurar una convivencia armónica entre el Estado y comunidades. La exconsejera regional Ascarza Quispe reiteró que el acceso a la información pública es un derecho que los funcionarios deben garantizar plenamente.

La masificación del gas natural no debe ser solo una promesa política sino una realidad técnica que beneficie a las familias cusqueñas. Mientras tanto, el sector energía continúa bajo el escrutinio de los representantes locales que vigilan el destino de cada sol recaudado.

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