Fernando Cillóniz, defensor y representante de la corrupta Odebrecht

El exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, ha generado controversia a nivel nacional al admitir su rol como representante de la empresa brasileña Odebrecht, implicada en múltiples casos de corrupción en América Latina. Esta revelación llevó a su suspensión del Partido Popular Cristiano (PPC), con el que aspiraba a la presidencia en 2026. La noticia ha puesto en entredicho su discurso de lucha contra la corrupción y ha reavivado cuestionamientos sobre su gestión en el Gobierno Regional de Ica.

Gobernador de Ica entre 2015 y 2018 «El Outsider»

Cillóniz llegó a la política regional en 2015, siendo electo gobernador de Ica con el respaldo del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Su candidatura fue impulsada por la falta de figuras políticas fuertes en la región y la popularidad del fujimorismo en ese entonces. Como empresario y economista, se presentó como una opción novedosa para el electorado, similar a la estrategia que planeaba replicar en su fallida postulación presidencial al 2026.

Durante su administración, Cillóniz tuvo un fuerte respaldo de la prensa nacional, que lo posicionó como un símbolo de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la prensa local observó de cerca su gestión y documentó irregularidades, las cuales han resurgido tras su vinculación con Odebrecht. Muchos de los periodistas que antes lo elogiaban ahora lo critican abiertamente, generando un giro en la percepción pública sobre su trayectoria.

«Los Galácticos» el equipo de funcionarios importados de Lima para Ica, con sueldos dorados

Apenas Cillóniz llegó al Gobierno Regional de Ica, anunció decenas de funcionarios de «primer nivel» traídos de la capital a quienes se les denominó «Los Galácticos», apodo que se dio debido a que sería funcionarios casi casi de otro planeta. El primero fue Carlos Noda Yamada, su gerente general, quien tuvo amplios poderes para manejar la administración regional. Bajo su dirección, se incorporaron exfuncionarios vinculados a la gestión de Susana Villarán en Lima, como Martín Rafael McCubbin Moscol y Mario Solís Córdova, quienes tuvieron participación en decisiones clave sobre el presupuesto y las contrataciones del gobierno regional.

Uno de los hechos más polémicos fue el aumento generalizado de sueldos a funcionarios del Gobierno Regional de Ica. Se establecieron salarios que oscilaron entre 4,000 y 15,000 soles, generando una crisis financiera que llevó al despido masivo de 45 trabajadores en 2018. La falta de fondos afectó la operatividad de la institución, dejando en evidencia un manejo deficiente de los recursos públicos.

Obras paralizadas, audios y corrupción

Se revelaron muchas irregularidades en la gestión, aunque la Fiscalía investigó y dejó a medias las investigaciones casi liberando de responsabilidades a todos, quedaron audios para darnos una imágen de cómo se manejaba el Gobierno Regional de Ica en la gestión de Fernándo Cillóniz.

El caso de la obra de la carretera Viscas (provincia de Palpa) es uno los ejemplos de las irregularidades en su gestión. Inicialmente valorizada en 18 millones de soles, la obra fue paralizada en junio de 2018 debido a la negativa del consultor Jesús Yáñez Rodríguez a firmar una actualización de precios. Según revelaciones en audio, hubo intentos de soborno por parte de Mario Solís para favorecer a ciertas empresas contratistas, ofreciendo 15,000 soles a cada miembro del comité de selección.

Además, se detectaron irregularidades en el programa de infraestructura educativa Polidocentes, destinado a la ampliación y equipamiento de colegios en Ica. Se descubrió que miembros del gobierno regional manipularon las licitaciones para favorecer a empresas específicas. Sin embargo, algunos funcionarios, como César Falconí Llanos, grabaron conversaciones que evidenciaban los intentos de manipulación.

Otro escándalo se centró en la construcción de la Doble Vía entre Ica y Guadalupe, originalmente financiada por Shougang Hierro Perú mediante obras por impuestos. Sin embargo, la administración de Cillóniz decidió cambiar la modalidad a obra pública, permitiendo el uso de fondos del gobierno regional, pese a la falta de presupuesto. Esto generó una serie de modificaciones presupuestarias que afectaron otros sectores, como la educación.

Uno de los hallazgos más graves fue la falsificación de documentos para la ejecución de la Doble Vía. La administración de Cillóniz utilizó una evaluación de riesgos previamente elaborada para otra obra, recortando y escaneando partes del documento original. La empresa encargada, realizó el estudio en solo 15 días, cuando normalmente requería al menos tres meses, generando sospechas de manipulación.

Además, se detectó la falsificación de firmas en documentos oficiales, lo que fue admitido en grabaciones por el ingeniero Fidel Cabrera, quien aseguró que fue presionado por superiores para cometer esta irregularidad. La falta de control permitió que estos actos pasaran desapercibidos durante la gestión de Cillóniz, afectando la transparencia de decenas de proyectos ejecutados.

Favorecimientos a empresas para ejecución de obras

Las investigaciones revelaron que en varias licitaciones se establecieron requisitos específicos para favorecer a ciertas empresas, un esquema de corrupción que comprometió la calidad y ejecución de diversas obras. En el caso de los colegios Polidocentes, el intento de manipulación de procesos terminó en fracaso, ya que las empresas afines a la administración no lograron adjudicarse los contratos.

A pesar de estas denuncias, Cillóniz mantuvo su discurso de transparencia y lucha contra la corrupción hasta su reciente vinculación con Odebrecht. Su rol en la defensa de la empresa brasileña ha puesto en duda su postura y ha evidenciado una contradicción con su historial político. La pérdida del respaldo de su partido y la crítica generalizada han debilitado su imagen pública.

Lea la nota original aquí o visita el medio LA LUPA