La Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de la Selva Central, presentó su acusación por el delito de colusión contra los exgobernadores de Junín, Vladimir Cerrón Rojas y Fernando Orihuela Rojas; que habrían cometido al cambiar la ubicación de la construcción del hospital Higa Arakaki, de Satipo a Río Negro, y pidió contra ellos nueve años de pena privativa de la libertad, “de carácter efectiva”.

El fiscal provincial Juan Cadillo Rosario pidió la misma pena contra los exfuncionarios del gobierno regional Jakelin Flores Peña, Luis Ángel Ruiz Oré, Coco Raúl Contreras Córdova y Augusto Paredes Taipe, a quienes considera, autores del delito de colusión. 

También solicitó nueve años contra Carlos Antonio Condezo Suárez, Edith Palomino Padilla, Alberto Domingo Ibérico Cedrón y Virginio Silvio Lazo Bernardo, en calidad de cómplices.

Se interesó indebidamente en cambiar la ubicación del hospital

En su acusación, la Fiscalía documenta que en julio de 2015, el Gobierno Regional aprobó el perfil del proyecto de “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Manuel Higa Arakaki, distrito y provincia de Satipo, departamento de Junín”, con un monto actualizado de S/ 115 millones. 

Esta iniciativa del Gobierno Regional halló el visto bueno del Ministerio de Salud, que en un informe señaló que “el terreno se encuentra apto para realizar una intervención para un proyecto de inversión”.

Basado en ello, el Gobierno Regional elabora y aprueba el expediente técnico en el 2018. Ese mismo año, el Ministerio de Salud aprueba el estudio de impacto ambiental para la construcción de la nueva infraestructura del hospital en el mismo terreno que ocupa su antigua edificación. 

Pero, anota el fiscal, en el 2019, “cambia la gestión regional, producto de las elecciones Regionales y Municipales, y asume los destinos del Gobierno Regional del Junín, el acusado Vladimir Roy Cerrón Rojas, desde el 1 de enero del 2019”. Desde ese momento, añade en su escrito, “manifestó su interés indebido del proyecto, el cual comenzó a plantear modificaciones al proyecto aprobado por el Gobierno Regional de Junín, donde tenía la finalidad de cambiar la ubicación del Hospital Manuel Higa Arakaki, con la finalidad de cumplir sus pactos colusorios”.

Dicha actitud, señala el fiscal, lleva a Vladimir Cerrón a plantear argumentos como que la ubicación del hospital no era el más idóneo y “de acuerdo a sus intereses y pactos colusorios”, no quiso que se construya en el terreno ya aprobado.

Para cambiar la ubicación de la obra, Cerrón promovió que la municipalidad del distrito de Río Negro done un terreno, el cual ocurrió en febrero del 2019. 

La acusación contra Fernando Orihuela

El fiscal acusa a Fernando Orihuela, quien asumió la Gobernación de Junín en agosto de 2019, tras la sentencia contra Vladimir Cerrón por el caso ‘saneamiento de La Oroya’, de haber concertado «dolosamente» con sus coacusados Carlos Antonio Condezo Suárez, Alberto Ibérico Cedrón y Edith Palomino Padilla, en la suscripción del contrato para la construcción del hospital Higa Arakaki.

Para el Ministerio Público, dicha concertación dolosa ocurrió en diciembre de 2019, cuando Orihuela emitió la Resolución Ejecutiva Regional 564, en el cual aprueba la nueva ubicación geográfica del terreno para la ejecución del proyecto «Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki» en la urbanización las Palmeras, distrito de Río Negro, provincia de Satipo.

Un terreno, dice la acusación fiscal, que presenta deficiencias técnicas como la falta de servicios de agua, desagüe, red telefónica, drenaje pluvial, habilitación urbana no concordante con el proyecto, entre otros.

Aun así, el Gobierno Regional, liderado por Fernando Orihuela, le desembolsó a la empresa S/ 8 millones 548 mil 943 soles, para la compra de materiales. 

Dice el Ministerio Público, basado en consultas realizadas al Ministerio de Salud, si Vladimir Cerrón y luego Fernando Orihuela querían construir el hospital Higa Arakaki en un nuevo terreno, debieron elaborar un nuevo expediente, con los estudios de suelo, hitos y planos propios.

Pero la licitación y el contrato para la ejecución de la obra en el terreno de Río Negro se hicieron con el expediente original, ubicado en el distrito de Satipo.

Por eso, cuando la empresa (Consorcio Arakaki II) inició los primeros trabajos en el nuevo terreno que el Gobierno Regional le entregó, no encontró los hitos ni los linderos que le señalaban los planos del expediente técnico.

Revisa la acusación del fiscal contra Vladimir Cerrón y Fernando Orihuela  

Acusación fiscal Vladimir C… by Huanca York Times

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