Cuando la médica internista Alexandra Sobrevilla Cortijo fue asesinada en mayo de 2024 para robarle un iPhone 13 Pro Max, su celular terminó en manos de ‘Los Tecnológicos del Mantaro’, una organización dedicada al robo, desbloqueo y vaciado de cuenta mediante teléfonos de alta gama.

La banda operaba bajo la modalidad de los falsos taxistas. Captaban pasajeros, los asaltaban y se apoderaban de sus iPhones en robos callejeros o mediante ‘pepeos’. Luego, utilizando software especializado, desbloqueaban los equipos para vaciar cuentas bancarias a través de aplicaciones como Plin y Yape. Finalmente, revendían los dispositivos en el pasaje Andaluz.

Lo que no se conocía hasta ahora es que la investigación que derivó en el pedido de prisión preventiva contra 22 integrantes de esta organización, incluidos policías, estuvo parcialmente a cargo de un oficial que, en paralelo, era investigado por la Fiscalía por liderar un presunto esquema de cobros irregulares en la comisaría de Huancayo con apoyo de una falsa abogada.

Se trata del mayor PNP Ronald José Chávez Rodríguez, quien desde el 8 de enero de 2025 figura en una investigación preliminar por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. El caso se inició en la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente fue derivado a la Fiscalía Penal.

El doble rol de Chávez

La investigación contra ‘Los Tecnológicos del Mantaro’ estuvo inicialmente a cargo del área de Crimen Organizado de Huancayo. A finales de 2025, cuando el caso ya mostraba avances significativos con las interceptaciones telefónicas, pasó al Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecc), unidad que Chávez dirige.

Ese mismo año, el oficial participó en la captura de ‘Los Buitres del taxi’, banda vinculada al asesinato de la médica Sobrevilla. Tras el crimen, se develó que sus integrantes vendieron el celular de la víctima a ‘Los Tecnológicos’ por S/ 1,500.

Sin embargo, mientras intervenía en estas operaciones, Chávez ya era investigado por presuntamente coaccionar a agentes de la Seincri Huancayo en 2024 para permitir el ingreso de Jhenyfer Charmely Santos Flores, conocida como ‘La doctora’, una supuesta estudiante de derecho.

El esquema de cobros irregulares

Según el documento fiscal, Chávez, quien entonces era jefe de Seincri Huancayo, habría impuesto a los suboficiales cuotas diarias de al menos 20 detenidos por receptación. No era casual. Los detenidos por receptación provenían, en su mayoría, del mismo mercado de celulares robados vinculado a ‘Los Tecnológicos del Mantaro’, que operaba desde el 2020.

Así funcionaba el sistema. A mayor número de detenidos, mejor producción de la comisaría y un flujo constante de intervenidos que eran derivados a la falsa abogada, quien cobraba por ‘agilizar’ su liberación en menos de cuatro horas. Eso precisa el documento.

Quienes cumplían la meta obtenían beneficios como días libres o permisos internos. Quienes no lo hacían eran sancionados con servicios fuera de horario, procesos disciplinarios o cambios abruptos de área. En esta investigación también está implicado el entonces comisario, comandante PNP Frank Muñoz Jiménez.

Cuando los suboficiales se negaban a entregar los actuados policiales a ‘La doctora’ o cuestionaban su presencia, Chávez intervenía presuntamente con amenazas. Emitía memorandos de represalia y relegaba a los agentes a labores administrativas, mientras favorecía a quienes colaboraban.

Santos Flores, reiteramos, se hacía pasar por abogada dentro de la comisaría y cobraba entre S/ 400 y S/ 500 para agilizar la liberación de detenidos. Operaba con total confianza. Utilizaba el escritorio del entonces capitán PNP Chávez, manipulaba su computadora y accedía a documentos policiales. Estos hechos, según la Fiscalía, están respaldados por fotografías y grabaciones de cámaras de seguridad.

Además, empleaba sellos y firmas de la familia de abogados Rojas Lázaro. 

Tras el traslado de Chávez al complejo policial de Millotingo, donde el Grecc ocupa parte del segundo piso, la supuesta abogada extendió sus actividades hacia ese lugar, donde funcionan Areincri, Polfis, Seguridad del Estado, Requisitorias, entre otras áreas.

Varias fuentes han señalado que ingresaba con la venia del mayor Chávez. En una fotografía aparece en diligencias en el área de Areincri.

Los Rojas: la conexión familiar

Aquí surge el dato más perturbador. Erick Luis Rojas Lázaro, uno de los abogados cuyos sellos y firmas habrían sido utilizados por la falsa abogada, no solo la defiende actualmente en la investigación por ejercicio ilegal de la profesión que lleva la fiscal Medilberta Victoria Tupiacuri. También aparece junto a Jhenyfer Santos en la portada de su propio perfil de Facebook, una imagen que permanece visible en su cuenta.

Incluso presentó una tutela de derechos a favor de Santos Flores, la cual fue declarada improcedente el 24 de marzo de 2026.

La misma familia también patrocina a tres de los 22 investigados de ‘Los Tecnológicos del Mantaro’: el padre, Eleodoro Rojas Carhuallanqui, defiende al policía César Augusto Padilla Sernaque; Erick Luis Rojas Lázaro asume la defensa de Juan Carlos Damián Otárola; y Jhonny Eleo Rojas Lázaro representa a José Luis De La Torre Pérez. Asimismo, el sello de Shirley Mercedes Rojas Lázaro también habría sido utilizado por la falsa abogada.

Interrogantes

Este entramado plantea serias interrogantes: ¿Hay un conflicto de intereses o una posible red de protección, considerando que estos abogados participaron en la Seincri y hoy defienden a implicados en el mismo entorno del oficial? He ahí la tarea del Ministerio Público.

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