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Fiscalía pide ocho años de cárcel para agresor del procurador de Puno

Fecha de publicación

La Fiscalía acusó formalmente a Paulino Atencio Mamani por agresión a funcionario público y solicitó ocho años de prisión como pena privativa de libertad ante el Poder Judicial tras atacar al procurador adjunto municipal Ariel Valderrama Zea. El hecho ocurrió durante operativo de desalojo en la parte baja del óvalo de Salcedo hace semanas, causando al funcionario fractura de dos costillas y golpes cerebrales.

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El caso se encuentra actualmente en juzgado sin resolución definitiva, mientras el dirigente social permanece en libertad durante el proceso judicial por agresión. Valderrama recibió 25 días de descanso médico por gravedad de lesiones sufridas cuando una turba apareció tras concluir demoliciones de viviendas ilegales en avenida Costanera.

«Jamás pensé que iba a obrar de esta manera, lo he tratado con todo respeto», declaró el procurador sobre su agresor, a quien conocía previamente por trámites en la Procuraduría municipal. El funcionario logró reconocer a Atencio Mamani entre el grupo que lo atacó por la espalda durante el operativo de demolición.

Construcciones ilegales demolidas

Los invasores construyeron casas de dos y tres pisos sobre terrenos municipales en la avenida Costanera donde la Procuraduría inició demoliciones mediante trámite administrativo previo. Valderrama explicó que gestiones anteriores permitieron invasiones hasta el lago Titicaca sin hacer valer derechos del Estado sobre bienes públicos.

El procurador enfatizó que esta es la primera vez que la Municipalidad ejerce defensa efectiva de patrimonio estatal mediante acciones legales concretas. Valderrama ya retomó labores tras recuperación médica y continúa proceso de desalojo contra ocupantes ilegales de la franja ribereña municipal puneña.

El funcionario afirmó que los invasores deben salir de los terrenos municipales para respetar la ley y recuperar espacios públicos ocupados irregularmente. Valderrama ratificó compromiso institucional con defensa del patrimonio estatal pese a agresiones sufridas durante cumplimiento de funciones en zona lacustre.

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