En las últimas semanas, productores de La Convención vienen sufriendo las consecuencias de la plaga de la mosca de la fruta, golpeando directamente la economía rural. La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que dos de cada diez soles que genera la agricultura de la provincia provienen de la producción de frutas como naranja, granadilla, plátano y papaya. Si estas cosechas se pierden o no llegan al mercado, los ingresos familiares disminuyen de inmediato, poniendo en riesgo el bienestar de los hogares.

La mosca de la fruta daña los cultivos cuando deposita sus huevos dentro del fruto. Las larvas se alimentan de la pulpa, provocando que la fruta se pudra y dejándola no apta para la venta, incluso cuando aparenta estar en buen estado por fuera. En cultivos estacionales como la naranja, el impacto es mayor, ya que las pérdidas se concentran en periodos específicos y no pueden recuperarse con otra cosecha.

Se trata de un problema sanitario que exige una intervención temprana del Estado. “Hoy producir cuesta más, los precios pueden caer y la plaga termina destruyendo el esfuerzo de todo un año. Esta combinación debilita el tejido económico y social de la provincia”, señaló Erick Chuquitapa, economista de la REDES.

A esta situación se suma la falta de apoyo técnico: el 94% de los productores no accede a capacitación técnica y el 97% no recibe asistencia especializada, lo que reduce su capacidad para prevenir plagas, detectar riesgos a tiempo y actuar de manera oportuna. Como resultado, las acciones de control suelen activarse cuando la fruta ya se ha perdido, limitando cualquier posibilidad de recuperación económica.

“La agricultura en Cusco es mayoritariamente familiar (95%) y, para el 73% de los productores, esta actividad es de subsistencia, es decir, apenas les permite cubrir sus necesidades básicas. En ese contexto, el ingreso promedio mensual de un trabajador agrícola en Cusco fue de S/1,273 en 2024, un monto apenas superior al sueldo mínimo y que puede verse reducido por las pérdidas generadas por la plaga”, añadió Chuquitapa.

Además, 8 de cada 10 trabajadores agropecuarios en Cusco son informales y solo 1 de cada 4 cuenta con título de propiedad de sus tierras. Sin seguridad jurídica ni acceso a servicios básicos, muchas familias quedan atrapadas en un círculo de baja inversión, bajos ingresos y mayor vulnerabilidad frente a crisis sanitarias como la actual.

Ante este escenario, el vocero de REDES sostuvo que se requiere una intervención activa y preventiva del Estado, que vaya más allá de acciones puntuales y se enfoque en una estrategia integral de sanidad agraria y desarrollo rural. Esto implica fortalecer la presencia territorial de los servicios sanitarios, implementar sistemas de monitoreo y alerta temprana, y articular la asistencia técnica en campo con políticas de formalización, acceso a mercados y seguridad jurídica de la tierra. La estabilidad económica de la provincia depende de una respuesta técnica efectiva frente a esta emergencia sanitaria.