La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas planea aprobar un reglamento que impondría un plazo máximo de nueve meses para la investigación de personas desaparecidas en el periodo de la violencia política, con posibilidad de ampliarse solo por seis meses en casos complejos. Si en ese tiempo no se hallan los restos, se emitiría una resolución de cierre del caso, poniendo fin a la búsqueda y afectando a cerca de 20.000 familias que aún esperan respuestas.

Ante esto, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU alertó al Gobierno peruano que la medida incumple los estándares internacionales de derechos humanos. Según la ONU, esta disposición desconoce el carácter permanente del delito de desaparición forzada y la obligación continua del Estado de buscarlas.

A través de una carta enviada el 17 de febrero a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la presidenta del grupo de trabajo de la ONU, Gabriella Citroni, advirtió que esta regulación podría generar una fuerte reacción de colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes consideran que cerrar las investigaciones arbitrariamente constituye una revictimización y una negación del derecho a la verdad y la justicia.

El organismo internacional enfatizó que esta directiva no solo restringe el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares, sino que también incumple los principios de transparencia y participación. Por ello, instó a la Dirección de Búsqueda a facilitar información del proyecto a las organizaciones de familiares, garantizando el escrutinio público y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, la ONU recomendó al Estado peruano dotar a la Dirección de Búsqueda de un presupuesto autónomo y los recursos necesarios para continuar con su labor humanitaria. También reiteró su disposición a brindar asistencia técnica y cooperación para esclarecer los casos de desaparición forzada en el país.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos han expresado su preocupación ante este intento de limitar las investigaciones. «Cerrar los casos sin haber encontrado a nuestros familiares es condenarnos al olvido», señaló una representante de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP).

22 mil desaparecidos en el Perú

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE), hasta agosto de 2023, se registraron 22.295 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en Perú.

De este total, el 13,4% corresponde a la región de Junín, lo que representa aproximadamente 2.990 casos.

Estas cifras han ido incrementándose con el tiempo. En 2018, se reportaron 20.329 desaparecidos; en 2021, la cifra ascendió a 21.918; y para agosto de 2023, se registraron 22.295 casos.

Este aumento refleja los esfuerzos continuos por documentar y reconocer a todas las víctimas del conflicto armado interno.

Además, el RENADE ha identificado 5.217 sitios de entierro a nivel nacional, de los cuales el 81,5% se ubican en Ayacucho.

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