El Gobierno Regional de Puno, a través del programa PRADERA, dividió ilegalmente la compra de maquinaria agrícola para un proyecto en el distrito de Santiago de Pupuja, Azángaro. Esta acción violaría la ley de contrataciones públicas y evitó que el Estado obtenga mejores precios y condiciones.
El jefe de la Comisión de Control, Elivio Sebastián Jaliri Flores, confirmó que se fraccionaron tres contratos por un total de 516 mil 500 soles, cuando la ley obliga a agruparlas en un solo proceso para garantizar transparencia y competencia.
El informe detalla que, en septiembre de 2022, PRADERA realizó tres compras separadas de carretas agrícolas, rastros y empacadoras, todas para el mismo proyecto de mejora productiva. Cada compra se hizo mediante adjudicaciones simplificadas, un procedimiento que no correspondía al monto total.
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Según las normas, al superar los 400 mil soles, el proceso debía ser una licitación pública, que permite mayor competencia y mejores ofertas. La Contraloría señala que esta división limitó la participación de más proveedores y afectó la legalidad de las contrataciones.
El documento oficial explica que las tres compras tenían el mismo objetivo: equipar el Proyecto de Inversión Pública (PIP) para mejorar las cadenas productivas en Santiago de Pupuja. Sin embargo, al fraccionarlas, se evitó un proceso más transparente y económico.
El jefe del Órgano de Control Institucional, David Adolfo Silva Cervantes, aprobó el informe y ordenó al director de PRADERA, Fredy Edmundo Álvarez Lupaca, que presente un plan de acción en 20 días. El objetivo es corregir las irregularidades y determinar responsabilidades.
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