El escándalo por las contrataciones de empresas sin experiencia para importantes y millonarias obras en La Libertad, por parte del GORE que lidera César Acuña Peralta, continúa. Esta vez, Panorama reveló datos contradictorios sobre la joven representante legal de los consorcios que ganaron S/315 millones. No concluyó la carrera de Derecho por falta de dinero y figura en Infocorp por deudas impagas.

En efecto, Lucero Coca Condori, a pesar de liderar empresas con contratos millonarios, abandonó la universidad por no poder pagar S/400. Además, tiene una deuda de S/74 con una operadora telefónica y papeletas de tránsito impagas por S/1,120. ¿Cómo es posible que haya ganado licitaciones por cientos de millones de soles?

¿Y, cómo lo hacen…?

Como se sabe, una de las obras adjudicadas al consorcio liderado por Coca Condori es el hospital de Virú, valorizado en más de S/194 millones. La razón social del grupo es Consorcio Hospital Virú, integrado por tres empresas: JM Constructores Peruanos SAC, cuyo propietario, el ingeniero Joel Yangari Cartolín, figura como inhabilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú y cuya empresa carece de experiencia en hospitales o grandes obras públicas.

La segunda empresa del consorcio es LC&EC Constructora, perteneciente a la cuestionada joven empresaria Lucero Coca Condori, de apenas 23 años, también sin experiencia comprobada. La tercera es la firma extranjera Riva S.A., con trayectoria internacional, pero que en este consorcio tiene solo el 1% de participación. Según especialistas, esta configuración pone en riesgo la ejecución y calidad de la obra.

Mediante esta misma estrategia, Coca Condori ha obtenido contratos en Junín y Loreto, repitiendo el esquema: formar consorcios con empresas de trayectoria que prestan su experiencia técnica a cambio de una participación mínima. En Satipo, por ejemplo, su empresa ejecuta un hospital valorizado en más de S/207 millones.

Respecto al hospital de Virú, Cuarto Poder reveló que el proceso de licitación estuvo lleno de irregularidades: de 55 postores, solo dos llegaron a la fase final. Uno fue descalificado por errores subsanables, mientras que al consorcio de Coca Condori se le permitió corregir observaciones. El especialista José Trelles calificó este procedimiento como arbitrario y sesgado.

¿Sabían de irregularidades?

Tras las primeras denuncias por supuestos favorecimientos a Coca Condori, el gobernador Acuña pidió a la Contraloría un control posterior de todas las licitaciones desde 2023. Sin embargo, Epicentro reveló que antes del escándalo ya existían informes que advertían irregularidades. Pese a ello, las alertas fueron ignoradas por el gobernador.

Sobre estas observaciones, el gerente general Martín Namay explicó a Epicentro que los hitos de control son dirigidos al despacho del gobernador, pero se derivan a la Gerencia General, la cual los distribuye a las áreas correspondientes. Vía WhatsApp, Namay afirmó: “El gobernador regional, por su cargo, no toma conocimiento directo. Su secretaria los pasa a la Gerencia General y yo los derivo a la gerencia correspondiente según la situación adversa. La Contraloría decide si impone o no la penalidad”.

Namay y Bringas, los inamovibles 

El escándalo por contrataciones millonarias con empresas sin experiencia sigue creciendo. Las denuncias han alcanzado a la Gerencia General, liderada por Namay, quien defiende la transparencia de los contratos y niega incluso el registro oficial de una reunión entre el padre de Coca Condori y César Acuña, reportada por el portal de Transparencia.

Otra gerencia cuestionada es la de Infraestructura, liderada por Jorge Luis Bringas Maldonado, acusado de agresión por el consejero Robert de la Cruz, aunque el funcionario niega los hechos. Más allá de estos cuestionamientos, tanto Namay como Bringas tienen algo en común: acompañan a Acuña desde el inicio de su gestión. De hecho, Bringas fue ratificado tras haber ocupado el mismo cargo durante la gestión de Manuel Llempén.

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