Un día de junio de 1991, el entonces presidente Alberto Fujimori descendió de un helicóptero que aterrizó en lo que hoy es el estadio de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), y rodeado de militares se dirigió a la biblioteca, donde sostuvo una reunión con las autoridades universitarias y docentes que acudieron a recibirlo. 

“Él llega al estadio y de frente va a la biblioteca, acompañado del Ejército y todos los administrativos, profesores, que estábamos; teníamos ir. Ahí, él comenzó a decir que acá no hay autoridad, no se ha avanzado nada, qué es lo que necesitan. Por ahí, voces que dicen necesitamos laboratorios, cosas, y bueno, llamó a su ministro y dijo: ya, lo vamos a aplicar”.

Así recuerda el catedrático Ricardo Soto Sulca la forma en que el autócrata Alberto Fujimori llegó a la UNCP, después haber intervenido con el Ejército las universidades La Cantuta y San Marcos, en Lima, en mayo de 1991. 

Entonces Soto Sulca llevaba seis años como docente en la facultad de Trabajo Social, donde sobrevivió a los cruentos años de la violencia política en la universidad, y hoy sigue impartiendo lecciones.

El docente está convencido que las violaciones a los derechos humanos en la UNCP fue mucho más duro que en otros recintos universitarios, pero quedó en el silencio en comparación con el caso La Cantuta, por ejemplo, que tuvo mayor impacto mediático y social, y derivó en una condena a 25 años de cárcel contra Alberto Fujimori, hallado responsable como autor mediato del asesinato de nueve estudiantes y un docente por el Grupo Colina.

“Pero el de Huancayo [la UNCP] ha sido para mí diez veces peor que el de La Cantuta. Ha habido pocas personas que podían influir [para que se conozca]”, dice.

En su informe, la Comisión de la Verdad y Reconciliación contabilizó 109 muertes y desapariciones en la UNCP entre 1987 y 1993 y da cuenta de la intervención del Grupo Colina en Huancayo: 

• Ejecuciones extrajudiciales: 36
• Desapariciones Forzadas: 29
• Asesinatos: 28
• Muertes en enfrentamientos: 4
• Docentes: 8
• Trabajadores: 4

Del total de estas graves violaciones a los derechos humanos en la UNCP, 74 son atribuidas a las fuerzas del orden, según la CVR, en su capítulo dedicado a la UNCP. “La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha logrado identificar 18 asesinatos cometidos por El PCP-SL, así como 43 ejecuciones y 31 desapariciones atribuidas a las fuerzas del orden”, señala en su Informe Final, emitido en el 2002.

De todos estos casos, 62 se encuentran actualmente en juicio oral, y tiene como acusados a ocho oficiales del Ejército, ya en retiro, de la 31 Brigada de Infantería, con sede en Huancayo, que asumió el control político y militar en la década de 1990.

“En términos cuantitativos podemos decir que [la UNCP] tuvo mayor afectación, más que cualquier otra universidad (…) el caso La Cantuta fue mediático, se movilizaron las instituciones de Derechos Humanos, una movilización social, allí sí se logró esclarecer las muertes”, dice por su parte el sociólogo Elmer Quinto de la Cruz, también docente universitario. Pero hace una salvedad en el caso del asesinato del exvicerrector Académico, Jaime Cerrón Palomino, en 1990, tuvo une repercusión nacional. 

“Durante la violencia armada en el país, el 70% de los muertos son campesinos quechua hablantes, rurales, y ellos no tienen un rostro, no hay una trayectoria construida. Son datos estadísticos simplemente y tiene que ver mucho porque el fujimorismo ha tenido la continuidad en el poder y desde el poder se manejan las estructuras del Estado y que también se puede construir una memoria”, indica el sociólogo.

Cuando Fujimori llegó a la UNCP, en 1991, Quinto llevaba tres años de estudiante de Sociología, la facultad donde hoy es catedrático. Pero no tiene memoria del arribo del exdictador. Al año siguiente, en agosto de 1992, el Ejército instaló una base militar en el campus universitario.

Amos docentes coinciden en la necesidad de que el caso de la UNCP sea investigado, se esclarezcan los hechos y sean sancionados los responsables. Quinto dice que quizá sea necesaria establecer una comisión de la verdad interna en la universidad. 

“Debe haber un balance muy detallado de lo que pasó en la violencia política en la UNCP. Todas las atrocidades. Quien debería empujar esa iniciativa es la propia universidad”, dice por su parte Ricardo Soto.

Alberto Fujimori, el hombre que en 1991 aterrizó en el estadio de la universidad de Huancayo, murió en libertad, en casa de su hija, rodeado de su familia. De los 25 años de prisión que la justicia le impuso por crímenes de lesa humanidad por los Casos Barrios Altos y La Cantuta, cumplió 16 porque dejó la cárcel por un irregular indulto.

Las familias de las víctimas del caso UNCP siguen esperando justicia.

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