La mañana del 23 de diciembre, el humo que se elevaba en la comunidad de San Rafael, en el Bajo Santiago, marcó un nuevo punto de quiebre en la defensa territorial indígena. El local del sistema de control socioambiental del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) había sido incendiado. No era una infraestructura cualquiera, se trataba de un puesto clave para frenar el ingreso de insumos de la minería ilegal por vía fluvial.

El ataque fue condenado públicamente por el GTANW en pronunciamiento que advierte sobre una escalada de violencia asociada a mafias mineras en la cuenca del río Santiago, conocido como Kanús en lengua wampís. En el documento se denuncia que el hecho “busca desmantelar nuestra capacidad de autodefensa y facilitar la captura criminal de nuestros territorios” y hacen un llamado a la unidad con el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA).

Un ataque contra el control comunitario

Inforegión conversó con Shapiom Noningo, secretario técnico del GTANW, quien explicó que el local incendiado, a pocos días de ser inaugurado, estaba destinado a cumplir una función clave: interceptar el flujo de diésel, mercurio, armas y municiones que alimentan la minería ilegal en su territorio. La autoridad advierte que el ataque estaría vinculado a mafias mineras que operan en la zona y buscan debilitar los mecanismos de control comunitario.

Además, Noningo denunció que los mineros ilegales han modificado sus estrategias para evadir la vigilancia. “Utilizan escolares, niños para cuidar sus maquinarias. Los colocan donde están armando las máquinas, incluso con personas armadas”, relató. Para el GTANW, esta práctica agrava el impacto social del problema y profundiza las divisiones internas.

Noningo recuerda que la presión minera se intensificó desde la creación del GTANW en 2015. “En 2018, con apoyo del Estado y usando fuerzas comunitarias, logramos erradicarla por un año”, afirmó. Sin embargo, tras la pandemia, la actividad volvió con mayor fuerza. “Después del COVID se masificó la presencia de la minería ilegal en Kanús, en varias comunidades, y ahora está más concentrada en Guayabal, Fortaleza y San Juan”, detalló.

Local del sistema de control socioambiental de GTANW antes del incendio provocado. (Foto: Cortesía de GTANW)

Control fluvial y represalias

Frente a este escenario, el gobierno autónomo indígena fortaleció su sistema de vigilancia en el transporte fluvial, principal vía de ingreso de insumos ilegales. “Nuestra zona es 100 % fluvial. Por ahí transportan mercurio, gasolina y maquinarias. Por eso implementamos un control que está funcionando bien”, explicó Noningo.

La intención era replicar este esquema en San Rafael, en coordinación con las comunidades del Bajo Kanús. “Había diálogo con la comunidad, pero un grupo de mineros o promineros, que se beneficia de esta actividad, quemó el local pocos días antes de su inauguración”, contó. El ataque ocurrió cuando la mayoría de comuneros se encontraba en sus chacras o de viaje. “Cuando regresaron y vieron el humo, el local ya estaba totalmente destruido. No se pudo recuperar nada”, lamentó.

Defensa de la vida y unidad indígena

En su pronunciamiento, el GTANW ratifica su compromiso con el “Pacto Socio Político para el uso y cuidado de la Naturaleza a Perpetuidad” y sostiene que la minería es incompatible con su forma de vida, porque “envenena el Kanús con mercurio y amenaza la salud de nuestras futuras generaciones” 

El documento también alerta sobre un contexto político complejo y un “inminente embate extractivista” que busca acelerar normas como la MAPE. Frente a ello el Gobierno Wampís subraya que “la unidad entre el GTAA y el GTANW es ineludible e irrenunciable, es la única garantía de supervivencia”.

Exigen respuesta del Estado

Noningo señala que el GTANW ha informado reiteradamente a las autoridades sobre la situación. “Hemos expuesto todo esto al Alto comisionado contra la minería ilegal y a distintas entidades del Estado”, indicó. Confía en que la declaratoria de emergencia en zonas como Cenepa y Santiago permita una mayor presencia policial y apoyo institucional.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la concertación y a la erradicación total de la minería ilegal como condición previa para cualquier debate territorial, además de exigir sanciones ejemplares. “Pedimos al Estado que sancione a los responsables, sean comunales o mineros ilegales. Solo así las acciones de defensa del territorio podrán ser valoradas”, enfatizó Noningo.

Mientras tanto, el GTANW evalúa si reconstruir el puesto de control en el mismo lugar o trasladarlo a una comunidad que ofrezca mayores garantías de seguridad. La consigna, remarcan, sigue siendo la misma: defender el territorio, la vida y la unidad de los pueblos frente a la violencia minera.

Lea la nota original aquí o visita el medio Inforegión