Un grupo de 33 comunidades indígenas amazónicas y campesinas presentaron este viernes una denuncia contra el Estado peruano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) en Lima, en la cual acusan al gobierno de incumplir la Decisión 477, una norma andina de 2012 que obliga a combatir la minería ilegal; y de favorecer esta actividad y la contaminación con mercurio que afectan ríos y peces que utilizan para su alimentación.

Los denunciantes señalan que políticas como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) favorecen a la minería ilegal, el crimen organizado y la contaminación en sus territorios.

Por ello, exigieron un estado de emergencia con presupuesto para proteger a las comunidades, garantizar los derechos a la salud, educación y un ambiente sano, en el caso de la contaminación con mercurio del río Nanay, en Iquitos, donde viven alrededor de medio millón de personas.

Jhonny Esau Huaymacuri Yuyarima, presidente de la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la cuenca del Nanay (Conaccunay), y el abogado ambientalista César Ipenza, señalaron que esperan recomendaciones vinculantes de la CAN para obligar al Perú a coordinar con países andinos contra redes delictivas transnacionales.

Crisis ambiental y humanitaria en Nanay

La cuenca del río Nanay, principal fuente de agua potable para Iquitos, enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. Un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) de octubre de 2024 reveló que el 79% de 273 habitantes de comunidades ribereñas de los ríos Nanay y Pintuyacu tienen niveles de mercurio en el cabello superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La minería ilegal, que usa mercurio para extraer oro, contamina ríos, altera cauces y provoca deforestación masiva, amenazando la biodiversidad y la salud de 33 comunidades nativas y campesinas, incluyendo el pueblo Ikitu.

“Nos estamos autoeliminando, suicidando con el agua que tomamos del río”, denunció Huaymacuri, líder de Conaccunay. Las comunidades dependen del río Nanay para beber, cocinar y otras necesidades básicas. Sin embargo, los centros de salud están en ruinas: en el Bajo y Medio Nanay, un solo técnico atiende a tres comunidades, mientras que en el Alto Nanay, los puestos de salud de Santa María y Diamante Azul carecen de profesionales y equipos. Esta situación agrava los problemas de salud causados por la contaminación.

Incumplimiento del Estado

César Ipenza señaló que el Perú incumple la Decisión 477 de la CAN al no controlar la minería ilegal ni las sustancias tóxicas como el mercurio. Criticó la ampliación del REINFO, que facilita la actividad ilegal en lugar de regularla. “El REINFO abre el camino a la informalidad”, afirmó. Huaymacuri agregó que los operativos de la Marina y la Policía son insuficientes: “Destruyen dos dragas, y a la semana aparecen 20 más”. Desde 2004, el número de dragas en la cuenca creció de 2-3 a más de 60 en 2018-2019, evidenciando la falta de control estatal.

Conaccunay, que representa a las 33 comunidades de la cuenca del Nanay, exige un estado de emergencia en las cuencas del Nanay, Chambira y Pintuyacu, con presupuesto para Saneamiento del agua y monitoreo continuo de mercurio, construcción de centros de salud con personal y equipos suficientes, proyectos productivos como agricultura sostenible, ecoturismo y piscicultura para reemplazar la minería ilegal. 

También piden que la CAN facilite la coordinación con Colombia, Ecuador y Bolivia para combatir el crimen organizado transnacional. “Queremos que el Estado nos escuche y actúe de inmediato”, enfatizó Huaymacuri.

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