El Tribunal Constitucional tomó una decisión final e inapelable sobre el caso de Alberto Fujimori, según un oficio que declara como improcedente una aclaración solicitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto después de la revisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al caso del ex dictador.

Según el abogado César Nakazaki, esta decisión del Tribunal Constitucional abre la posibilidad de la excarcelación de Alberto Fujimori, ya que indica que el proceso de hábeas corpus ha concluido. Nakazaki afirma que ahora solo queda esperar que un juez de Ica ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual restablece el indulto humanitario concedido por Pedro Pablo Kuczynski.

Elio Riera, aviso de Fujimori, señaló que el juez debería proceder con la excarcelación del ex mandatario, que actualmente está recluido en el penal de la DIROES, en Ate (Lima). Riera espera que el juez cumpla con la orden del Tribunal Constitucional y no desacate su decisión, incluso puede a la existencia de una orden previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Abogado presentó hábeas corpus para Alberto Fujimori en Ica en 2020

El abogado Gregorio Parco presentó un recurso de hábeas corpus en un juzgado de Ica en 2020. Esta solicitud es la que ha sido declarada fundada por el Tribunal Constitucional, con lo cual seb restablece los efectos del indulto humanitario otorgado por Kuczynski en 2017. Sin embargo, según Nakazaki, esta sentencia fue bloqueada de manera «irregular» por la CIDH y el Poder Ejecutivo en la gestión de Pedro Castillo.

Es importante destacar que esta nueva decisión del Tribunal Constitucional representa una ratificación de la sentencia emitida en 2022, que nunca llegó a ser vista por un juez debido a la suspensión causada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Constitucional, además de rechazar los pedidos de aclaración, ha remitido su sentencia al juzgado de Ica donde se originó el hábeas corpus, con la indicación de que proceda conforme a sus atribuciones para ejecutar la decisión y ordenar la liberación de Alberto Fujimori.

A pesar de la afirmación del abogado Elio Riera de que la decisión del Tribunal Constitucional implica la «inminente liberación» de Fujimori, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, recuerda que sigue vigente la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no ejecutar dicha disposición. La incertidumbre persiste sobre si el juez de Ica acatará la orden del Tribunal Constitucional o la de la Corte IDH, dejando en el aire el futuro legal de Alberto Fujimori.

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