En Ica, dos jueces de la Corte Superior de Justicia bajo cuestionamientos debido a un caso de presunta violencia familiar. Antony José Díaz Hernández, juez de Paz Letrado, fue denunciado por su esposa, J.K.R.U., por agresiones psicológicas. Sin embargo, la jueza Jennifer Lindsay Mansilla Tudela, encargada del caso, negó el pedido de medidas de protección a la víctima, desatando críticas por su accionar.
El incidente que dio lugar a la denuncia ocurrió el 12 de agosto, cuando la esposa de Díaz Hernández lo acusó de violencia psicológica, señalando un comportamiento agresivo con insultos denigrantes a través de mensajes de WhatsApp.
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Antony José Díaz Hernández, bajo denuncia por su esposa J.K.R.U. por presunta agresión física y psicológica, causa tramitada con el Expediente 02759-2024-0-1401-JR-FT-01, a cargo de la juez Jennifer Lindsay Mansilla Tudela.
A pesar de las pruebas presentadas, entre ellas las conversaciones en las que el juez admitía problemas de alcoholismo y reconocía su comportamiento ofensivo, la jueza Mansilla Tudela optó por no otorgar protección, limitándose a exhortar a ambas partes a mantener un «trato respetuoso» y resolver sus diferencias a través del diálogo.
Juez de Ica Antony Díaz: Agresión y problemas de alcohol
Las conversaciones entre la pareja, que forman parte de la evidencia presentada, mostrarían un patrón de agresión verbal por parte del juez. En uno de los mensajes, el juez Díaz Hernández calificó a su esposa de «maldita traidora» y admitió su problema con el alcohol tras una confrontación con ella.
A pesar de la gravedad de las pruebas, la magistrada Mansilla Tudela decidió omitir la audiencia de medidas de protección, lo que ha generado malestar y críticas por la falta de acciones concretas para proteger a la agraviada.
Además, la esposa de Díaz Hernández expresó su temor ante posibles represalias, ya que afirma que su esposo cuenta con el respaldo de jueces superiores, lo que le habría permitido evadir consecuencias legales. Esta situación pone en duda la imparcialidad en el tratamiento del caso, y ha despertado el interés de la opinión pública y de instituciones judiciales sobre el manejo de las denuncias de violencia dentro del sistema judicial.
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