Dirigentes vecinales de la ciudad de Juliaca cuestionan duramente el desempeño del procurador municipal y denuncian la existencia de mafias al interior del municipio que respaldan invasiones de áreas verdes, tras las respuestas negativas emitidas por el funcionario respecto al proceso de recuperación extrajudicial de la faja marginal del río Torococha en la salida hacia Arequipa.

Félix Pacori Zevallos, dirigente de la urbanización San Julián, realizó fuertes cuestionamientos contra la aparente falta de interés del procurador municipal para defender las áreas de aporte que vienen siendo invadidas por personas inescrupulosas. «El procurador no cumple con su labor, debería defender estas áreas, pero emite respuestas negativas», manifestó el dirigente vecinal.

El representante vecinal acusó al funcionario de no actuar contra las ocupaciones ilegales de terrenos municipales que se registran sistemáticamente en diversos sectores de la ciudad. Pacori denunció que personas inescrupulosas ocupan ilegalmente estos espacios destinados a áreas verdes y equipamiento urbano, sin encontrar respuesta efectiva de la procuraduría municipal.

El dirigente reveló que existen mafias al interior del municipio que respaldan estas invasiones de áreas verdes y espacios públicos, generando un sistema de protección para los invasores. Esta denuncia apunta a la existencia de redes internas que facilitarían las ocupaciones ilegales y obstaculizarían los procesos de recuperación de espacios públicos.

Pacori señaló que la faja marginal del río Torococha constituye un caso emblemático de la inacción de la procuraduría, donde se requiere iniciar procesos de recuperación extrajudicial para devolver estos espacios a la comunidad. El dirigente enfatizó que el procurador debería liderar estas acciones legales en lugar de emitir respuestas negativas.

La denuncia sobre mafias municipales evidencia la complejidad del problema de invasiones en Juliaca, donde aparentemente existirían intereses internos que protegen a los ocupantes ilegales. El dirigente vecinal exigió una investigación exhaustiva sobre estas redes y el cambio inmediato en la actitud del procurador municipal para defender efectivamente el patrimonio público.

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