Junín y la macroregión centro se declararon en pie de lucha. El Comité Multisectorial para la Nueva Carretera Central (NCC) exigió este 10 de febrero el cumplimiento irrestricto del acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con el Estado francés y la continuidad de la PMO Vías en la asistencia técnica del megaproyecto vial.
Autoridades regionales, alcaldes, gremios y organizaciones sociales advirtieron que la resolución del contrato con la PMO Vías pone en grave riesgo la ejecución de la nueva Carretera Central “Daniel Alcides Carrión” y abre la puerta a retrasos, cambios de modalidad y pérdida de control técnico del proyecto.
El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, encabezó la reunión y rechazó la posibilidad de que Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) traslade la obra a ProInversión para ejecutarla bajo una Asociación Público-Privada (APP).
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“No queremos renegociaciones ni cambios de modalidad. Exigimos que se respete el acuerdo con Francia, rechazamos la modalidad APP”, advirtieron los firmantes del acta, al concluir la reunión.
Recorte presupuestal
El conflicto se agravó por el recorte del presupuesto asignado para 2026. La PMO Vías solicitó S/ 1,250 millones para iniciar la construcción del túnel Pariachi y la vía de evitamiento de Ticlio. El MEF solo asignó S/ 190 millones, monto que los dirigentes calificaron como insuficiente para cualquier avance real.
El representante de la CGTP, Raúl Ariste, calificó el recorte como un “hachazo presupuestal” en la reunión realizada en la Cámara de Comercio de Huancayo.
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El Comanda Unitario de Lucha convocó un paro regional el 18 y 19 de febrero, en defensa de la nueva carretera Central. El gobernador Zosimo Cardenas, pide reunirse con Jerí este 16 de febrero. pic.twitter.com/4cVsFkWXjK
— Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) February 10, 2026
Cuestionamiento a congresistas
La Comisión también arremetió contra los congresistas por Junín, en especial Waldemar Cerrón e Ilich López, a quienes acusaron de no defender el presupuesto del proyecto pese a integrar la Mesa Directiva del Congreso.
Raúl Ariste, dirigente de al CGTP, calificó a los parlamentarios de Junín, como traidores de la región, porque dejaron pasar la oportunidad de defensa del presupuesto para el inicio de las obras físicas de la obra de la nueva carretera Central
Ultimátum al Ejecutivo
El Comité Multisectorial fijó el 16 de febrero como fecha límite para una reunión con el presidente José Jerí, la ministra de Economía, Denisse Miralles, y el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera. Exigen garantías para cumplir el cronograma original, que proyecta la culminación de la autopista en 2031.
Además, demandaron la destitución inmediata de la directora de Provías Nacional, Claudia Dávila, a quien responsabilizan por la falta de solvencia técnica y legal en la conducción del proyecto.
Las organizaciones sociales advirtieron que no aceptarán más dilaciones. Si el Gobierno no reafirma el contrato con la PMO Vías ni garantiza el presupuesto multianual, la macroregión centro iniciará paros, movilizaciones y protestas para defender la vía que conectará seis regiones con Lima y la posibilidad de la salida de productos al puerto de Chancay.
Acuerdos firmados por el Comité Multisectorial
El acta suscrita por autoridades regionales, alcaldes, gremios y organizaciones sociales establece los siguientes acuerdos:
Exigir el cumplimiento estricto del cronograma de ejecución de la nueva carretera Central “Daniel Alcides Carrión”.
Ejecutar de manera inmediata el túnel Pariachi y la vía de evitamiento de Ticlio, considerados tramos clave para el inicio de la obra.
Cumplir de forma irrestricta el acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Estado francés y mantener el contrato de asistencia técnica con la PMO Vías.
Rechazar la ejecución del proyecto bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).
Restituir y respetar la asignación presupuestal de S/ 1,200 millones para el presente año fiscal.
Exigir la destitución inmediata de la directora de Provías Nacional.
Solicitar una reunión urgente con la presidenta de la República, la ministra de Economía y el ministro de Transportes, programada para el 16 de febrero de 2026.
Evitar el aislamiento de La Oroya por la vía de evitamiento al considerarla estratégica para la integración regional.
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