La Fiscalía Anticorrupción de Junín formalizó la investigación preparatoria contra el gobernador regional Zósimo Cárdenas Muje y otras tres personas por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado.

El caso está a cargo del fiscal Carlos Rodrigo Mera Palomino, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y se centra en la contratación del servicio de internet para el Gobierno Regional de Junín (GRJ) durante el 2023.

Según la disposición fiscal, Cárdenas habría intervenido indebidamente en el proceso de selección para favorecer a una empresa vinculada a su entorno político.

La adjudicación simplificada SM-1-2023-GRJ-OEC-1 otorgó la buena pro a la empresa Fastnet Perú E.I.R.L. por S/ 78,750.00, pese a que no cumplía con requisitos técnicos como el anillo óptico redundado; por dos rutas, una con capacidad de 500 Mbps y otra de 250 Mbps o más, ni formaba parte de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO).

El 17 de febrero de 2023, la propia empresa solicitó que se elimine este requisito, alegando que vulneraba los principios de la Ley de Contrataciones del Estado: “Este requisito estaría transgrediendo los principios de la Ley (…) En ese sentido, solicitamos suprimir dicho requisito”.

Durante el proceso no habría intervenido ningún especialista que verificara el cumplimiento técnico, y finalmente se adjudicó el contrato a Fastnet.

Nombramiento clave

Un día antes de que inicie el proceso, el 9 de febrero de 2023, Cárdenas firmó la Resolución Ejecutiva Regional N.º 105-2023, con la que nombró a Pedro Abel Cóndor Canchanya como subdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. Fue él quien otorgó la buena pro a Fastnet.

La Fiscalía sostiene que este nombramiento habría respondido al interés del gobernador por beneficiar a la empresa representada por Doris Uscuvilca Veliz, con quien trabajó durante su gestión como alcalde de Pichanaqui. En un allanamiento a su vivienda en 2024 se halló una laptop con una fotografía junto a Cárdenas tomada en 2015. En 2018, ella fue convocada como regidora accesitaria. También se encontraron resoluciones de alcaldía y contratos entre Fastnet y el GRJ.

Contrato sin control técnico

Pese a no cumplir con los requisitos técnicos, Fastnet obtuvo el mayor puntaje en la evaluación. Presentó, además, documentos incompletos, como una resolución ministerial sin anexos.

Aun así, el 23 de mayo de 2023 se firmó el contrato N.º 13-2023/GRJ/ORAF por S/ 78,750.00 para brindar el servicio por nueve meses. En ese momento, la representante legal era Elizabeth Uscuvilca Veliz, aunque la propuesta inicial fue presentada por su hermana Doris. El cambio ante la Sunat recién se formalizó el 10 de abril.

La empresa también fue favorecida con la orden de servicio N.º 968 del 14 de abril de 2023, sostiene la fiscalía, para instalar internet en la Dirección Regional de Trabajo. En ese documento aparece un sello con el nombre de Doris Uscuvilca, aunque ya no era la representante legal, y esta observación no fue advertida por Pedro Cóndor.

El 25 de mayo de 2023, Fastnet firmó otro contrato, el N.º 208-2023-GRJ/ORAF/OASA, por S/ 19,350.00, para brindar internet de 100 Mbps a la misma dirección regional. Fue suscrito nuevamente por Doris Uscuvilca, sin que ostentara ya el cargo de representante.

Levantamiento del secreto bancario

Zósimo Cárdenas, Pedro Cóndor y las hermanas Doris y Elizabeth Uscuvilca son investigados por presunta colusión agravada y negociación incompatible. La Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, de los cuatro investigados, para el periodo comprendido entre enero de 2022 y junio de 2023. La investigación vence el 11 de enero de 2026

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