Una de las razones que dio el gobierno peruano para aprobar modificaciones a la Ley Forestal fue la necesidad de cumplir los requisitos del reglamento de la Unión Europea para comercializar café, cacao y otros productos libres de deforestación.

El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, señaló que la Ley 31973, que modifica la Ley Forestal, “tiene como sustento la regulación de la Unión Europea a las importaciones”. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, anunció que en los próximos días van a reglamentar dicha modificación, ya que la respaldan.

La nueva Ley Forestal, promulgada en enero pasado, flexibiliza los mecanismos de titulación de tierras agrícolas, ya que muchos productores se han asentado históricamente en áreas que antes fueron deforestadas, como es el caso de los cultivos de café y cacao.

Por otro lado, el reglamento que la Unión Europea aprobó en 2023 exige que los países como el Perú garanticen que sus exportaciones (entre ellas, las de café y cacao) cumplan con toda la normativa nacional y no hayan incurrido en deforestación posterior al año 2020.

Lo cierto es que en la Unión Europea descartan que la nueva Ley Forestal se justifique por el reglamento de cero deforestación, el cual comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2025. Cumplir con este reglamento para seguir exportando a Europa demanda todo un trabajo con los productores agrarios: empadronamiento, georreferenciación de parcelas, certificados de cero deforestación, trazabilidad en las cadenas de suministro y sistemas de debida diligencia.

Al respecto, Inforegión conversó con Olivier Coupleux, jefe de la Sección Económica y Comercial de la Unión Europea, quien dio mayores alcances sobre esta nueva norma.

Olivier Coupleux: “En Perú solo el 30% de cafetaleros están asociados”

¿Cuál es el alcance del reglamento de la UE?

Lo que queremos es evitar una deforestación importada. Somos conscientes de que nuestros mercados necesitan insumos, pero esos insumos a veces vienen de productos que contribuyen a la deforestación: café, cacao, aceite de palma, madera, caucho, carne de res, soya. A raíz de eso, decidimos poner un reglamento de debida diligencia a nuestras empresas, que tienen que demostrar que esos siete productos que importan no provienen de áreas deforestadas.

Es una reglamentación que tiene un impacto mayor sobre el mercado interno, pero que va a impactar también en países que exportan esos productos a Europa. En el caso de Perú, tiene impacto en el café, el cacao y, de manera más moderada, en el aceite de palma y la madera.

¿Cómo fue el proceso de aprobación del reglamento?

La norma se estuvo conversando a partir de 2020. Hubo muchos estudios para determinar los productos y las medidas. Se promulgó el 29 de junio de 2023, con una aplicación 18 meses después, es decir, al 31 de diciembre de 2024 para los grandes operadores europeos, y al 30 de junio de 2025 para los pequeños operadores europeos.

¿Cómo ve la implementación del reglamento en los países exportadores?

Depende de la importancia del producto de exportación, la estructura del país y su capacidad para organizarse en cada cadena de valor. Por ejemplo, en Colombia hay una federación de cafetaleros muy fuerte que maneja sola la aplicación del reglamento. En Brasil hay empresas muy grandes que manejan temas de trazabilidad mucho mejor que en otros países.

¿Cómo se ve la implementación del reglamento en Perú?

Uno de los grandes desafíos para Perú es que hay 220 mil productores en la cadena de valor de café, y solo el 30% de ellos está en asociaciones o cooperativas. El resto son pequeños productores que no están muy vinculados con el mercado, [sino] que pasan por acopiadores, y eso hace mucho más complicado, por ejemplo, la organización de un sistema de trazabilidad. Es por eso que el Estado peruano tiene un papel importante para apoyar a los productores en adecuarse al reglamento.

Coupleux: “No habrá prórroga en la aplicación del reglamento”

Hay países que se han mostrado en desacuerdo con el reglamento, porque consideran que no se ha tomado en cuenta cada contexto y realidad.

Cada país tiene un contexto específico, pero la norma se aplica a todos nuestros operadores en el mercado europeo. No podemos hacer especificidades en cada país. La norma es bastante general para que dé espacio a cada país de adaptar la norma y adecuarse según su situación. Cada país quisiera su propia norma, pero es complicado. También hay países que piden más tiempo, pero eso tampoco lo podemos hacer. El tema se habló desde el año 2020, la norma entró en vigor en 2023 y se va a aplicar a fines de 2024. Es algo que se aplica para todos.

Algunos también pedían un plazo adicional para poder adecuarse al reglamento.

Lo que pasa es que la aplicación no va a ser muy estricta desde el día uno. Va a ser progresiva porque hay algunos criterios que son más complicados de demostrar. Por ejemplo, el criterio de legalidad, que puede tomar más tiempo para que se aplique al 100%.

¿A qué se refiere con el criterio de legalidad?

A la necesidad de respetar la legislación nacional alrededor del uso de la tierra y la propiedad, los derechos de las comunidades nativas, las leyes sobre el uso de fertilizantes, etc. Debido a la complejidad de adecuarse a la norma, su aplicación va a ser progresiva. Otro tema que va a tomar más tiempo es desarrollar la trazabilidad, es decir, una cadena de custodia que asegure que en el proceso no hay café procedente de la deforestación que entra en la cadena.

¿Descarta que se vaya a postergar la aplicación del reglamento? El ministro de Agricultura dijo que era una posibilidad.

No hay postergación. Es totalmente legítimo que los países lo pongan en agenda, pero finalmente es a nivel de la UE que se toma la decisión.

¿Algún país lo ha solicitado formalmente?

Hay cartas en las que se menciona la opción de una prórroga, pero la respuesta que hacemos a Perú y a todos los países es que no va a haber prórroga. El reglamento se va a aplicar, aunque no de manera drástica a partir del día uno. Hay un margen de flexibilidad. El reglamento va a estar acompañado de unos lineamientos que todavía no se han publicado. Esos lineamientos van a definir cómo interpretar el reglamento, y eso va a ayudar a Perú a ver cómo se aplica.

¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero de 2025, entonces?

Lo más importante va a ser poder demostrar a partir del día uno que el café y el cacao de Perú provienen de chacras que no fueron deforestadas después del 2020. Eso sí lo van a tener que demostrar a partir del día uno.

Coupleux: “En Europa queremos seguir tomando café y chocolate peruanos”

¿Cómo se estableció el plazo límite de la deforestación (2020) en el reglamento?

Había que fijar una fecha. Hubo mucha deforestación en el pasado, pero había que poner una fecha de corte y un reglamento que no ponga a los países en una situación imposible. La idea es poner una fecha de corte que fije la frontera agrícola y permita poner a cero la situación y proteger los bosques.

¿Cuál diría que es el impacto del reglamento en Perú?

Puede servir como una contribución para sanear la situación de la agricultura en la región amazónica. Es una oportunidad que tiene Perú después de varios años en que la deforestación estuvo incrementándose, de utilizar nuestro reglamento para mejorar la agricultura, modernizarla, hacerla más formal y proteger los bosques. Ese es el objetivo. Actualmente hay países que están elaborando sus propios reglamentos, muy similares al de la UE. De cierta forma, es una preparación para futuros reglamentos.

Se lo pregunto porque existía un clima de preocupación entre los productores. Algunos incluso evaluaban exportar a otros mercados.

Queremos que todos los países que nos exportan sus productos puedan mantener su acceso, porque lo necesitamos. En Europa queremos seguir tomando una taza de chocolate o de café peruano. No queremos que ningún país que nos exporte sus bienes esté bloqueado, ese no es nuestro interés.

Olivier Coupleux: La UE sigue con atención el debate sobre la Ley Forestal

¿Cuál es la postura de la UE respecto a la modificación de la Ley Forestal?

Nuestra posición es la siguiente. Cuando se hizo la modificación, se dijo que se había hecho a raíz del reglamento sobre deforestación de la UE. Nosotros lo que decimos es que no está directamente vinculada con nuestro reglamento. Nosotros no estamos exigiendo que el 1 de enero [de 2025] todo el mundo tenga un título de tierra, eso es imposible.

El reglamento permite dar un espacio a los países para ordenar sus territorios y tomar el tiempo de hacerlo bien. Imagínate que alguien quiera exportar desde una zona deforestada después de 2020: no porque tenga papeles legales en Perú va a poder exportar a Europa. Si es de una zona deforestada después de 2020, ya no se puede.

¿La modificación a la Ley Forestal beneficia de algún modo las exportaciones a la UE?

Es una norma controvertida. Nosotros simplemente seguimos con mucha atención el debate entre ambientalistas y sectores productivos. Lo que esperamos es que haya un buen balance entre la necesidad de tener títulos de tierra y la protección del bosque. Lo más importante es que cualquier norma que se tome en Perú no tenga como resultado más deforestación.

¿Entonces están en contra de la modificación?

Nuestra posición es la que te acabo de decir.

UE financiará georreferenciación de productores agrarios

¿Cómo ha visto el trabajo en Perú para adecuarse al reglamento?

Cuando empezamos a trabajar sobre este tema, el gobierno peruano nos indicó que había creado una mesa ejecutiva entre los ministerios involucrados en el proceso, con un liderazgo del Ministerio de Agricultura. Nosotros hicimos un estudio sobre la aplicación del reglamento y nos dimos cuenta de que hay cuatro cadenas de valor para las cuales había un impacto posible: café, cacao, aceite de palma y madera.

En el caso del aceite de palma y madera, las cadenas de valor ya tenían certificación para exportar a Europa y eran unidades productivas bastante grandes, o sea, que podían manejar la aplicación. Mientras que en café y cacao, hay muchos productores y una exportación muy importante hacia Europa, pero hay un esfuerzo mayor por el hecho de que esas cadenas de valor no están muy estructuradas.

¿Cuál ha sido el apoyo de la UE al Perú para adecuarse al reglamento?

Venimos apoyando al Ministerio de Agricultura para preparar el primer eslabón, que es la identificación de las parcelas y subirlas a un sistema: la georreferenciación. El ministerio utilizó lo que ya estaba desarrollando, que es el Padrón de Productores Agrarios (PPA), que es un sistema de registro de los agricultores y que tiene un módulo de identificación digital. Ese es el apoyo que estamos desarrollando con el Midagri y, más adelante, vamos a tener que trabajar más con las empresas para el tema de trazabilidad.

Entiendo que hay un apoyo económico de la UE al Midagri.

Sí, estamos trabajando un proyecto de 350 mil euros para apoyar al Midagri a promover el uso del aplicativo para que la gente sepa cómo utilizarlo y pueda georreferenciar su parcela. [El director de Estadística e Información Agraria del Midagri, César Santisteban, precisó a Inforegión que el financiamiento asciende a 378,500 euros].

¿Cuándo se hará la transferencia?

Estamos en el proceso de finalizar el diseño del proyecto. Esperamos que el proyecto pueda empezar en septiembre.

¿Y cuánto duraría?

Algo de un año. El proyecto está enfocado en los pequeños productores que no son parte de asociaciones y que tienen problemas de trazabilidad.

¿La UE solo va a admitir certificados de cero deforestación emitidos por el Midagri?

Un sistema de debida diligencia tiene otra lógica que un sistema de certificación. Para adecuarse al reglamento, no es suficiente tener una certificación tipo rainforest. La empresa importadora tiene que hacer un estudio de debida diligencia en su cadena de suministro para demostrar que [su producción] no proviene de una zona deforestada, y la forma de demostrarlo es haciendo la georreferenciación de todas las parcelas. El certificado [de cero deforestación] es un elemento que da información, pero no es suficiente. El Midagri debe asegurarse de que cada productor tenga la capacidad de demostrar que no está en zona deforestada.

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