Activistas y familiares de víctimas del conflicto armado interno protestaron frente al Palacio de Justicia contra la Ley de Amnistía para Policías y Militares. La presidenta Dina Boluarte promulgó la norma pese a advertencias internacionales sobre impunidad institucional en el país.

Organizaciones de derechos humanos denuncian que la medida favorece la impunidad y contradice obligaciones internacionales del Estado peruano. Los manifestantes corearon «amnistía es impunidad» durante la protesta realizada en Lima contra la controvertida legislación aprobada por el Congreso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó suspender la entrada en vigor de esta norma antes de su promulgación oficial. Fuerzas conservadoras respaldaron la medida en el Parlamento peruano ignorando las recomendaciones del organismo internacional especializado.

Alcance de la amnistía promulgada

La ley beneficia a miembros de fuerzas de seguridad y comités de autodefensa implicados en hechos del conflicto armado interno. El período abarcado va de 1980 a 2000 excluyendo únicamente casos de terrorismo y corrupción según establece la norma.

También incluye a sentenciados mayores de 70 años dentro de los beneficiarios de esta medida gubernamental controvertida. Las organizaciones consideran que la ley debilita la búsqueda de justicia para miles de víctimas del período de violencia política.

Los familiares de afectados expresan su preocupación por el retroceso en materia de derechos humanos y justicia transicional. La medida consolida la impunidad institucional según denuncian defensores de derechos humanos en declaraciones públicas durante las protestas.

Críticas políticas y señalamientos

La congresista Rut Luke calificó la promulgación como consolidación de un pacto autoritario en el país sudamericano. «Es un gobierno cómplice de la impunidad» declaró la legisladora al recordar las muertes en protestas de 2022 y 2023.

Luke señaló que Boluarte busca protegerse de futuras investigaciones judiciales mediante esta controvertida amnistía para uniformados. El gobierno es responsable de 50 muertes durante las manifestaciones posteriores a la crisis política nacional según la congresista.

El conflicto armado interno dejó miles de víctimas y numerosas denuncias de vulneraciones a derechos fundamentales en Perú. A 40 años de la masacre de Accomarca las heridas permanecen abiertas representando esta ley un retroceso hacia la justicia.

Lea la nota original aquí o visita el medio Pachamama Radio