La mañana del 14 de agosto de 1985, en la comunidad campesina de Accomarca, al este de Ayacucho, amaneció bajo el peso de la violencia y la injusticia. Dieciocho efectivos, dirigidos por el subteniente Telmo Hurtado y el teniente Juan Manuel Rivera, irrumpieron en la zona como parte de un plan designado, cuya misión era “capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la quebrada de Huancayoc”. Sin hallar armamento, explosivos ni material subversivo, procedieron a sacar a los lugareños de sus moradas, aislando a mujeres y menores de los hombres y ancianos. Lo que inició en un supuesto operativo terminó convertido en un exterminio.

Es 14 de agosto de 2025. Otro tiempo, otros rostros, pero la justicia volvió a resquebrajarse. Un día antes, en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía que otorga beneficios a policías y militares vinculados a violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. La disposición, además, ampara a aquellos sin fallo y abre la puerta a la excarcelación de condenados mayores de 70 años. Una acción que, lejos de cerrar cicatrices, las profundiza, y que para los ultimados y sus familias constituye una afrenta, un agravio y una muestra de profundo desprecio legitimada desde el aparato estatal.

“La gracia política no solo llegaría a favorecer a varios sentenciados por crímenes colectivos del conflicto armado interno, sino que también amenaza con archivar sin veredicto expedientes relacionados a desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”

En esa fecha, en Accomarca, los retenidos fueron llevados a tres viviendas, donde permanecieron sometidos a los soldados. Poco después, la operación derivó en una de las matanzas más atroces del periodo del terrorismo en el país. Sesenta y nueve personas murieron —treinta de ellas niños—, de acuerdo con los registros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La causa jurídica avanzó lentamente, con prolongadas etapas de silencio, hasta que la extradición a nuestro territorio de uno de los imputados reactivó el caso. Fue recién en 2016, luego de tres décadas, que los superiores jerárquicos y los ejecutores quedaron con sentencia, y la atrocidad fue declarada de lesa humanidad.

En el acto oficial, Boluarte —investigada por la Fiscalía por la muerte de 44 individuos en las protestas posteriores a su ascenso, señalamiento que fue archivado por el Congreso, y con una desaprobación del 97%, una mandataria totalmente deslegitimada— presentó la imposición legal en forma de un gesto dirigido a quienes, en sus palabras, “entregaron su vida en defensa de la paz” y hacia otros “cargados con juicios interminables y acusaciones injustas”. La promulgación se realizó en abierta desobediencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó frenarla en el marco de las resoluciones por Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecuciones perpetradas por el grupo militar encubierto Colina. Un hecho que demuestra que ni las medidas internacionales frenan los excesos de este régimen.

“Decisiones como la reciente amnistía —el de la impunidad— evidencian que, en el Perú, la cúpula gobernante sigue siendo capaz de moldear el derecho a conveniencia de los que detentan el poder, sin pudor ni reparo alguno”

Y sí, la firma de la líder del Ejecutivo coincidió con los 40 años de la masacre de Accomarca, un cruce que enlaza tragedias de distintas generaciones a la sombra de un Estado que ha ignorado advertencias y reclamos. La gracia política no solo llegaría a favorecer a varios sentenciados por crímenes colectivos del conflicto armado interno, sino que también amenaza con archivar sin veredicto expedientes relacionados a las desapariciones en la UNCP ocurridas durante 1989 y 1993, al igual que la ejecución extrajudicial de comuneros de Paccha en 1992 y similares. Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la norma arrasa con decenios de esfuerzo por preservar la integridad jurídica y la verdad, y “pone en riesgo más de 150 condenas y 600 procesos en curso”.

En esa línea, cerca de 700 militares implicados a abusos serían beneficiados. Decisiones como la reciente amnistía —el de la impunidad— evidencian que, en el Perú, la cúpula gobernante sigue siendo capaz de moldear el derecho a conveniencia de los que detentan el poder, sin pudor ni reparo alguno. Al desoír los llamados de atención internacionales y las voces de las víctimas, no solo se erosiona la justicia, a su vez se envía un mensaje inquietante, pues en este país las heridas del pasado pueden reabrirse según intereses. Finalmente, queda claro que los que promovieron y respaldaron esta ley han traicionado la memoria y la dignidad del pueblo.

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