Los días 15 y 16 de mayo se realizó en Lima el cuarto encuentro macrorregional de Tejiendo Ciudadanía, una iniciativa liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza con el Grupo La República, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y la Red Científica Peruana, con financiamiento de la Unión Europea. La actividad reunió a más de 200 representantes de comunidades indígenas, instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y universidades de la zona centro del país.

La representante del PNUD, Bettina Woll, destacó la amplitud del proceso: “La iniciativa Tejiendo Ciudadanía recogió perspectivas diversas, incluyendo las de las juventudes, sobre los desafíos más relevantes del país y propuestas sobre cómo enfrentarlos”.

Crimen e impunidad, una amenaza persistente

Uno de los temas centrales fue el avance del crimen organizado y la impunidad. En lo que va del año, más de quince choferes han sido asesinados en el país, mientras que más de 7600 bodegas han cerrado en los últimos dos años debido a extorsiones. Los participantes coincidieron en que este fenómeno no solo tiene efectos económicos, sino que también debilita la institucionalidad democrática.

“Los dirigentes sindicales ya no pueden sindicalizarse como hace veinte años, porque las bandas criminales están al acecho”, afirmó Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). Según datos del gremio, 26 trabajadores del sector construcción civil han sido asesinados en lo que va del año.

Desde el Poder Judicial, su presidente, Jhony Contreras, denunció limitaciones para enfrentar esta situación: “El poder político pretende imponerse a la labor judicial. Nuestra independencia está amenazada desde el momento en que dependemos de otro poder del Estado para nuestro presupuesto. No podemos ni aumentar el número de jueces”.

Democracia, economías ilegales y representación territorial

La representación política desigual fue otro de los temas abordados. Tarcila Rivera Zea, presidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú (Chirapaq), cuestionó que los pueblos originarios solo sean tomados en cuenta durante procesos electorales. Denunció que la falta de representación efectiva deja a estas comunidades expuestas a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Violeta Bermúdez, expresidenta del Consejo de Ministros, propuso repensar el proceso de descentralización: “Tenemos gobiernos regionales que, cuando hay crisis, voltean a ver al gobierno nacional. Es fundamental posicionar al Estado en los territorios”. Doris Guillermo, vicegobernadora de Pasco, añadió que “es necesario una mayor autonomía de las regiones, para no depender del gobierno central”.

Informalidad y falta de condiciones para el desarrollo

La informalidad laboral fue otro eje del encuentro. Más del 70 % de los trabajadores en el Perú se desempeñan fuera del sistema formal. El economista Diego Macera afirmó que “la formalidad es importante porque nos lleva a la productividad”, pero advirtió que existen múltiples trabas: trámites complicados, costos extrasalariales y un sistema tributario poco amigable.

Desde el Ministerio de la Producción, el viceministro de MYPE e Industria, César Manuel Quispe, reconoció las dificultades: “Formalizarse sigue siendo un camino lleno de trabas y burocracia”. Anunció la implementación de una ventanilla única laboral y una política nacional de formalización para vincular a las pequeñas empresas con cadenas de valor.

Infraestructura y prevención frente a desastres

El encuentro también abordó la necesidad de infraestructura resiliente. Rolando Capucho, jefe del Cenepred, advirtió que el desarrollo no puede darse sin prevención de desastres. Señaló que, aunque existen planes en todas las regiones, su ejecución depende de los gobiernos regionales y locales: “La prevención es una tarea que corresponde a los tres niveles de Gobierno”.

Por su parte, Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, señaló que la planificación debe tener un enfoque territorial: “No es lo mismo hacer un proyecto en Lima que en Iquitos o en Piura. Solo con presupuesto público no alcanza. Se requiere de inversión privada y del compromiso del Estado”.

Hacia una ciudadanía activa y conectada

El evento concluyó con una convocatoria a fortalecer el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones. Para la docente universitaria Miriam Quispe, “faltan estrategias para concientizar a la sociedad”. Desde la academia, se están impulsando reformas educativas que integren la sostenibilidad y la participación cívica como ejes formativos.

Entre las principales propuestas discutidas figuran la articulación entre instituciones del sistema de justicia, una reforma policial, el impulso de la formalización laboral con enfoque inclusivo y la mejora de la planificación urbana con enfoque territorial. También se destacó la necesidad de promover una ciudadanía informada, activa y con capacidad de exigir derechos en todo el país.

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