El Estado peruano enfrenta nuevas tensiones con las comunidades indígenas de Loreto tras incumplir los acuerdos alcanzados en diciembre de 2024. 

Las federaciones agrupadas en la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt) han emitido un pronunciamiento denunciando estas faltas y advirtiendo sobre la posibilidad de retomar las protestas en los Lotes 8 y 192, dos zonas de extracción petrolera.

Denuncias de incumplimientos

En un comunicado emitido el 22 de enero, las federaciones Fediquep, Fenacor, Feconaco, Opikafpe y Acodecospat alertaron que ni la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ni el Ministerio de Energía y Minas (Minem) han cumplido con los compromisos asumidos tras las movilizaciones en las cuencas del Marañón y Corrientes. Entre las principales denuncias destacan:

1. La PCM no realizó la reunión acordada en el acta firmada en San Pedro de Maypuco, que debió darse el 20 de enero en Iquitos.
2. Las reuniones técnicas con los ministerios involucrados, esenciales para atender las demandas, no se han convocado.
3. El Minem no garantizó el traslado de las delegaciones indígenas ni la participación de autoridades de alto nivel para los subgrupos del Grupo de Trabajo Multisectorial, programados para el 23 al 25 de enero en Villa Trompeteros.
4. El gobierno ha justificado estas omisiones alegando falta de presupuesto, lo que, según las comunidades, refleja negligencia en la gestión.

“Hasta el día de hoy, el MINEM no ha garantizado el traslado de las delegaciones de Feconaco, Acodecospat y Acodecospat”, señalan las federaciones en su pronunciamiento. 

Además, recalcan: “Recordamos al gobierno y a la opinión pública que las medidas de protesta que tomamos en nuestros territorios solo fueron suspendidas y que de ser necesario serán retomadas con mayor fuerza”.

Una historia de protestas y exigencias

Las comunidades indígenas de los Lotes 8 y 192 han mantenido una relación tensa con el Estado debido a los daños ambientales y la falta de atención a las demandas sociales. 

Desde noviembre de 2024, estas comunidades iniciaron protestas que incluyeron bloqueos fluviales y el control territorial de campamentos petroleros. Entre las exigencias más urgentes estaban la remediación de los sitios contaminados por la explotación petrolera y la modificación de normativas para priorizar esta tarea. 

A finales de diciembre, el gobierno prometió establecer un cronograma de reuniones técnicas y garantizar la participación activa de las comunidades en los procesos de decisión. Sin embargo, los líderes indígenas denuncian que los compromisos quedaron en el papel. 

“En una total falta de respeto a nuestras comunidades y al proceso de diálogo, el MINEM se ha justificado argumentando la falta de presupuesto”, subrayan las federaciones.

Además, las comunidades exigen acción inmediata en temas clave como electrificación, agua potable, saneamiento y atención sanitaria. Estos problemas, derivados de años de abandono estatal y actividad petrolera descontrolada, siguen afectando gravemente su calidad de vida.

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