En una entrevista a Voces del Sur de radio Quillabamba (Cusco), Juan Castillo, presidente de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco, denunció que el Gasoducto Costero —promovido por el gobierno— favorece solo a grandes empresas, no a las regiones del sur. La medida ha sido rechazada por unanimidad en el primer Encuentro Macro Sur, donde se acordó un paro si no se retoma el proyecto paralizado del Gasoducto Sur Peruano.
Congresista Ruth Luque: El Gobierno observa leyes para favorecer a su entorno político
Castillo explicó que las regiones de Arequipa, Tacna, Puno, Moquegua, Cusco y Madre de Dios respaldan el rechazo al proyecto. Además, exigen la conclusión del Gasoducto Sur Peruano, que ya tiene avances y beneficiaría a millones. “En 20 años no se ha avanzado con el Gasoducto Sur Peruano, no se ha priorizado al consumo interno, sino a los grandes monopolios”.
El líder sindical criticó que, pese a los 20 años de explotación de gas en Cusco, “el gobierno prioriza monopolios, no el consumo interno”. Actualmente, un balón de gas en la región cuesta entre 80 y 120 soles, uno de los precios más altos del país.
-
Recomendados:
- Alerta en el sur de Ayacucho: Heladas ponen riesgo de muerte de población de alpacas
- Papas nativas de Ayacucho buscan ganar espacio como snacks con valor agregado
- "Sus manos están manchadas de sangre": deudos de las víctimas de la represión rechazan a Keiko Fujimori
Medidas por Gasoducto Sur Peruano
Tras una reunión el 25 de enero, las organizaciones sociales y autoridades del sur acordaron un segundo encuentro en Arequipa (15 de marzo) para definir la fecha del paro. Castillo advirtió: “Antes de paralizar, pedimos una mesa técnica vinculante con el gobierno”.
El reclamo incluye también la reactivación de obras clave para Cusco, como el hospital Antonio Lorena y el aeropuerto de Chinchero, paralizadas por más de dos años.
Gasoducto vs. necesidades urgentes
Castillo enfatizó la ironía de la crisis energética en una región rica en recursos: “En Cusco tenemos gas, pero pagamos el más caro. Mientras, el Estado ignora proyectos que mejorarían la vida de miles”.
Organizaciones de este lado del país respaldan la movilización, exigiendo que el gobierno “se ponga la camiseta del pueblo, no de las empresas”.