A pocos días de culminar el año, maestros activos, cesantes y jubilados volvieron a protestar frente a la sede del Gobierno Regional de Piura para exigir el pago de la deuda social que, aseguran, continúa pendiente pese a múltiples gestiones realizadas tanto a nivel regional como nacional.

Miguel Puescas, representante del sindicato magisterial, explicó que el pago de la deuda social está respaldado por el marco legal vigente y por informes que confirman la existencia de saldos presupuestales. Precisó que el Decreto Supremo N.° 05 establece que entre el 3 % y el 5 % de dichos saldos deben destinarse al pago de esta deuda, no solo a favor del magisterio, sino también de otros sectores como salud y agricultura.

“Se ha hecho gestiones tanto a nivel nacional como regional. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su viceministro, planteó que se nos pague con los saldos presupuestales del PIA y del PIN. Hemos verificado con las unidades ejecutoras que sí existen esos saldos”, afirmó.

El dirigente alertó que la deuda social impaga ha tenido consecuencias humanas irreparables, pues varios docentes fallecieron durante el 2025 sin haber recibido el dinero que les correspondía, pese a años de lucha y reclamos. Señaló que este incumplimiento no solo afecta la economía de los maestros jubilados, sino también su salud, dignidad y calidad de vida, en un contexto donde las pensiones resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, advirtió que el magisterio evalúa radicalizar sus medidas de protesta, incluyendo una huelga de hambre y la convocatoria a una huelga regional y nacional indefinida, al considerar que el pago de la deuda social es un derecho que el Estado continúa postergando.

“Tenemos diez maestros fallecidos este 2025 que venían constantemente a luchar y no recibieron ni un sol. El daño no es solo económico, es moral, afecta la salud y la vida. Mientras las autoridades gozan de buenos sueldos y beneficios, un maestro jubilado vive con 415 o 800 soles, que no alcanzan para vivir”, denunció.

Finalmente, Miguel Puescas cuestionó la postura del gobernador regional respecto a la deuda social, señalando que existe un marco legal vigente que obliga al Gobierno Regional a destinar parte de su presupuesto institucional al cumplimiento de estos pagos. Según indicó, durante toda la actual gestión no se habría realizado ningún desembolso a favor de maestros activos, cesantes ni jubilados, pese a la existencia de normas que así lo establecen.

Por último, advirtió que los recursos para saldar esta deuda ya se encontrarían en el ámbito regional y no dependerían del Gobierno Central, por lo que expresó su preocupación ante un posible desvío de fondos hacia otros fines. En ese contexto, informó que han solicitado la intervención de los órganos de control y presentado denuncias para que se investigue el uso del presupuesto, sin que hasta el momento se obtengan respuestas concretas.

“La plata ya está aquí, en el Gobierno Regional, Lima ya no tiene nada que ver. Supongo que quieren usarla para otros gastos. Eso es materia de investigación. Hemos planteado denuncias penales y pedido la intervención de la Contraloría, pero hasta ahora no hay respuestas”, finalizó.

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