La minería ilegal en Cusco y otras regiones del Perú se ha convertido en una amenaza creciente. Esta actividad ilícita no solo genera daños ambientales irreparables, sino que también promueve la inseguridad y la corrupción en áreas afectadas.
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En una entrevista reciente, Elsa Galarza, exministra del Ambiente y directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, subrayó la gravedad del problema. Galarza señaló que la minería ilegal y la tala están ilegalmente erosionando los recursos naturales del país. Además, generan un clima de inseguridad en las regiones amazónicas, donde esta actividad ha afectado a más de 32 distritos. Entre las regiones más afectadas se encuentran Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Huánuco y San Martín.
Sin embargo, el problema no se limita a estas áreas. En la región Cusco, distritos como Camanti-Quincemil, en Quispicanchi, y Colquemarca, en Chumbivilcas, también están sufriendo las consecuencias del avance de la minería ilegal. Merciano Basilio Peláez, gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional del Cusco, reconoció que, aunque la minería informal es predominante, la minería ilegal está ganando terreno. También mencionó la dificultad para cuantificar y controlar la expansión de esta actividad en la región.
Minería ilegal en Cusco: impacto económico y ambiental
La minería ilegal en Cusco y en otras regiones no solo afecta el medio ambiente, sino que también tiene un impacto económico significativo. Un estudio realizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que esta actividad ilícita genera tanto o más dinero que el narcotráfico en Perú. Las operaciones sospechosas relacionadas con la minería ilegal generan aproximadamente 3.721 millones de dólares anuales.
Galarza advirtió que la minería ilegal no solo destruye los recursos naturales, sino que también afecta gravemente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Además, fomenta la corrupción y debilita el estado de derecho en las regiones afectadas. La exministra enfatizó que la minería ilegal no debe confundirse con la minería artesanal informal, la cual tiene la posibilidad de formalización bajo ciertas regulaciones. La minería ilegal, por el contrario, se realiza en zonas prohibidas, como lechos de ríos o áreas naturales protegidas, utilizando insumos peligrosos que están estrictamente prohibidos. Esta actividad, afirmó Galarza, no debe ni puede ser formalizada.
La falta de políticas públicas efectivas es otro factor que contribuye al crecimiento de la minería ilegal en Cusco y en otras partes del país. Galarza destacó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha demostrado ser ineficiente para controlar esta expansión. Según ella, la debilidad institucional del Estado peruano ha impedido una fiscalización adecuada de los territorios afectados, lo que agrava aún más el problema.
Ante esta crisis, resulta urgente implementar estrategias claras y multisectoriales que puedan frenar el avance de la minería ilegal. La ausencia de un liderazgo firme ha permitido que esta actividad ilícita continúe creciendo, amenazando no solo el patrimonio natural del país, sino también la estabilidad social y económica de las regiones afectadas.