La Ley Nº 29973 determina que las empresas públicas deben contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de sus trabajadores. Sin embargo, los municipios del Cusco no dan trabajo a discapacitados y esta normativa no se cumple en los gobiernos locales, lo que podría acarrear sanciones económicas por parte del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).
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El gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Aparicio, ha remitido oficios en dos oportunidades a los gobiernos locales (provinciales y distritales) para que informen sobre la cantidad de trabajadores con discapacidad en sus planillas. Lamentablemente, solo 40 municipalidades, de las 116 que existen en la región Cusco, han remitido dicho informe. El cumplimiento de las autoridades que remitieron la documentación es mínimo y no llega al 5% como estipula la ley.
El Gobierno Regional del Cusco es una de las pocas entidades que cumple con dicha disposición. La máxima entidad regional cuenta con más de 200 trabajadores con discapacidad en su lista. Esta lista ha sido remitida al despacho del gerente regional de Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien ha exhortado al resto de las municipalidades a cumplir la ley y remitir dicha información.
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Es importante que los gobiernos locales cumplan con la ley y contraten a personas con discapacidad. La empleabilidad brinda oportunidades laborales a un sector de la población que muchas veces es discriminado en el ámbito laboral. Además, es necesario que Conadis inicie procesos y sancione económicamente a quienes no cumplen con esta normativa. La sanción podría generar un cambio en la actitud de las autoridades y fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Municipios de la región Cusco no dan trabajo a discapacitados
La inclusión laboral es un derecho que deben tener todas las personas, sin importar si tienen o no una discapacidad. Es necesario que las autoridades tomen medidas para garantizar que se respete este derecho. Además, fiscalizar que se brinden oportunidades laborales a todas las personas, sin discriminación alguna.