La baja ejecución de la inversión pública vuelve a evidenciarse con claridad en los distintos niveles de gobierno a poco tiempo de finalizar el año fiscal 2025. Asimismo, los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran una preocupante situación nacional al trece de noviembre del presente año. Por consiguiente, los municipios solamente habían ejecutado un cincuenta y seis punto tres por ciento de su presupuesto total destinado concretamente a la realización de obras públicas necesarias. El gobierno nacional, por otro lado, registraba un avance de sesenta y ocho punto cinco por ciento en su presupuesto de inversión pública. Finalmente, los gobiernos regionales alcanzaban una ejecución del setenta y tres punto ocho por ciento de su dinero destinado a obras, según los datos.

Es importante señalar que la cifra regional había sido utilizada previamente por el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. El señor Koki Noriega usó este argumento para evitar recortes en el marco del plan de austeridad impulsado por el Poder Ejecutivo. Claramente, la problemática de la baja ejecución demuestra un serio retraso en el presupuesto de la inversión pública en todo el país. A pesar de todo, el porcentaje ejecutado para las obras de inversión pública es notablemente menor al ritmo acelerado del gasto corriente del Estado. Este patrón de gasto prioriza la burocracia sobre la infraestructura necesaria para la gente.

El ritmo del gasto corriente avanza con mayor rapidez que el dinero destinado a inversión, confirman los datos. Según la información proporcionada por el MEF, los gobiernos regionales ya habían ejecutado un ochenta y uno punto seis por ciento de su presupuesto total en concepto de personal y diversas obligaciones. Mientras tanto, en el gobierno nacional la ejecución de planillas alcanzaba ya un setenta y ocho punto nueve por ciento, un número muy elevado. Además, los municipios también mostraban una ejecución de gastos de personal que llegaba al setenta y ocho punto dos por ciento del presupuesto. Por lo tanto, los datos demuestran en conjunto que el dinero destinado al gasto corriente avanza con mayor velocidad que el dinero presupuestado para la inversión en obras. Esta situación sugiere una potencial mala administración de los recursos del Estado.