Omar Cairo, experto en derecho constitucional y abogado de Inés Tello sostuvo en Voces del Sur de Puno que la resolución del TC sobre destituir a dos miembros de Junta Nacional de Justicia (JNJ) aún no ha sido notificada a su patrocinada. Por eso, ella se mantiene en el cargo como integrante de la JNJ. Además, considera que dicho fallo es una interferencia directa del Tribunal Constitucional en el Poder Judicial.
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Cairo argumenta que la decisión del Tribunal Constitucional, que busca restablecer la inhabilitación de Tello y Aldo Vásquez, es una intromisión en un proceso aún no concluido. Según él, el Poder Judicial había aceptado la apelación del Congreso contra la medida cautelar que favorecía a Tello y Vásquez, pero sin efecto suspensivo, lo que les permitía continuar en sus cargos hasta una resolución definitiva.
La controversia comenzó cuando Tello y Vásquez, sancionados con una inhabilitación de diez años por el Congreso, obtuvieron una medida cautelar de la Corte Superior de Justicia de Lima que suspendió la sanción y les permitió retomar sus cargos. El Congreso apeló esta medida y, paralelamente, solicitó al Tribunal Constitucional la suspensión de sus efectos, sin esperar la conclusión del proceso de apelación en el Poder Judicial.
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La resolución del TC no solo contradice decisiones previas del Poder Judicial, sino que también podría vulnerar la autonomía de este poder del Estado, según Cairo. El abogado anticipa que el Poder Judicial mantendrá la vigencia de su resolución inicial, reafirmando su autonomía.
La Situación Actual de Inés Tello
A pesar de la resolución del TC, no han notificado a Inés Tello formalmente y, por ende, sigue siendo parte de la JNJ. . “Hasta que eso no pase, todo sigue igual. La JNJ tiene siete miembros ahora”, apuntó Cairo en entrevista con Leysel Flores y Luz Larico de Pachamama Radio de Puno.
Cairo enfatiza que cualquier acción para declarar la vacancia de su cargo es prematura y una violación de sus derechos La resolución del TC enciende un debate sobre la separación de poderes y la protección de la autonomía judicial, elementos fundamentales en cualquier democracia.