La minería ilegal, especialmente la extracción de oro, ocasiona daños y efectos irreversibles en la Amazonía y otras regiones de América Latina; afecta a comunidades indígenas, ecosistemas y provocando crisis ambientales y sociales en Perú, Brasil, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En Perú, amenaza las áreas naturales protegidas.
Conflicto minero en Chumbivilcas: el paro continúa
La minería ilegal dejó de ser un problema local o nacional y se ha convertido en uno de preocupación continental y mundial. La minería ilegal —sobre todo la de oro— genera impactos, muchas veces irreversibles, en las comunidades indígenas, la biodiversidad y la estabilidad social del continente, con predominio en Perú, Nicaragua, Venezuela, Brasil y Bolivia, según la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Existen informes sobre la contaminación con mercurio en ríos, con niveles alarmantes. Asimismo, conocemos los efectos devastadores en el medio ambiente, los ecosistemas y las comunidades campesinas y nativas.
-
Recomendados:
- Exconsejera de La Convención exige al Estado cumplir la ley sobre las regalías del gas de Camisea
- El 78% de la población de Perú demanda reportes ambientales sobre proyectos de inversión
- SKY destaca como la aerolínea más puntual de Latinoamérica y alcanza el Top 5 mundial
Efectos devastadores de la minería ilegal
En la Amazonía, la minería ilegal destruye áreas naturales protegidas (ANP) y otros ecosistemas. Por ejemplo, en Madre de Dios, la deforestación alcanzó valores históricos entre 2017 y 2018: se perdieron más de 18.000 hectáreas en Madre de Dios y en las zonas colindantes con Cusco y Puno.
La causa es el uso desmesurado de mercurio. Esa sustancia degrada el medio ambiente con los relaves que inundan los ríos y, al mismo tiempo, contaminan y matan a las especies de peces, que son alimento de las poblaciones amazónicas, según el estudio Minería ilegal en áreas naturales protegidas, del ahora desactivado programa de USAID.
Tampoco deja de preocupar la violencia que crece alrededor de esta actividad ilegal. Se sabe que, en 2017, Madre de Dios tuvo una tasa anual de homicidios de 46,6 muertes por cada 100.000 habitantes, valor mucho mayor que el promedio nacional de 7,8 muertes. Mientras tanto, en Puno se presentó la mayor cantidad de denuncias por trata de personas.