El Estado peruano ha sido declarado en desacato por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la liberación del expresidente de Perú Alberto Fujimori, que viola las sentencias de la corte por dos casos de matanzas. Estos casos son La Cantuta y Barrios Altos, donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
CUSCO: CONFIRMAN PROTESTA CONTRA INDULTO DE FUJIMORI Y PODERES DEL ESTADO
La CorteIDH ordenó al Estado que no liberara a Fujimori, pero el Estado no cumplió. El Tribunal Constitucional del Perú anuló el indulto que le había dado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017. Así, Fujimori salió de prisión el 6 de diciembre de 2023, a pesar de la oposición de la CorteIDH.
La corte internacional considera que el indulto no respetó los estándares de derecho internacional. Además, afirma que el Estado debe investigar, juzgar y sancionar los crímenes de Fujimori. Por eso, ha pedido al Estado que informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
-
Recomendados:
- Nuevo reglamento de ley sobre Zonas Económicas Privadas busca multiplicar la inversión productiva en el Perú para generar miles de empleos calificados rápidamente
- El histórico crecimiento de exportaciones peruanas genera millones de dólares mientras los emprendedores mineros, pesqueros y agropecuarios celebran estas maravillosas cifras financieras hoy
- El novedoso centro médico asegura la salud infantil en Pavayoc mientras las instituciones públicas luchan intensamente contra la temible desnutrición crónica comunitaria
La liberación de Fujimori pone en riesgo la justicia para las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos. Estas fueron dos masacres perpetradas por el grupo paramilitar Colina, vinculado al gobierno de Fujimori. Por estos hechos, Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.
Perú es el segundo país que la CorteIDH declara en desacato en los últimos años. El otro es Nicaragua, por no proteger a los ciudadanos perseguidos por el gobierno de Daniel Ortega.
El Gobierno de Perú se desentiende del asunto y culpa a la Justicia. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, dijeron que acataron la sentencia del Tribunal Constitucional. También ratificaron su adhesión al Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, exigió a la CorteIDH que sancione a Perú y que convoque a una audiencia. El Cejil considera que la liberación de Fujimori es una burla a la memoria y la dignidad de las víctimas.