Escribe: Iván Paredes – Mongabay Latam

Los bosques no son solo ecosistemas. Son también motores económicos, espacios culturales, protectores climáticos y fuentes de felicidad, salud y sustento para poblaciones locales. Desde siempre, los bosques proveen, sin necesidad de ser desmontados, una diversidad de productos capaces de sostener economías regionales e incluso nacionales. Para varios expertos existen cuestionamientos sobre por qué hemos relegado su aprovechamiento sostenible durante tanto tiempo.

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Cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques. Este año el rótulo para esta jornada es “Bosques y economías”, por iniciativa de Naciones Unidas. La idea es celebrar el papel esencial de los bosques como motores de la prosperidad económica. Este papel va mucho más allá de los ingresos y los puestos de trabajo derivados de la producción forestal y el comercio de materias primas renovables y alimentos: la idea es incluir el concepto de que los bosques también sostienen la agricultura familiar y comunitaria, mejoran la productividad agrícola y salvaguardan la salud de las cuencas hidrográficas.

Mongabay Latam consultó a expertos de Bolivia, Perú y Colombia para conocer cómo sus bosques son aprovechados sustentablemente para fines económicos. La mayoría advierte que la economía mundial ahora depende directamente de los ecosistemas forestales, ya que destacan el aporte de los bosques a la producción, el empleo y la estabilidad ambiental. Ahora los bosques –dicen- no solo cumplen como proveedores de madera, sino también como sustento de sistemas productivos, fuentes de alimentos, energía y servicios ambientales esenciales.

Perú: sin planes claros para promocionar economías verdes

Los bosques en Perú cubren más del 60 % del territorio nacional, siendo el segundo país con mayor extensión de bosques amazónicos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, los bosques en ese país aportan aproximadamente el 1.1 % al PIB nacional, a través de productos maderables y no maderables, y son clave para la conservación y el desarrollo sostenible de comunidades locales.

En Perú los bosques son patrimonio nacional y su aprovechamiento debe ser autorizado por el Estado. Las comunidades nativas y campesinas cuentan con un régimen de aprovechamiento y exclusividad en el uso de los recursos forestales en sus tierras. Las tierras de aptitud forestal y de protección, fuera de áreas naturales protegidas, pueden ser concesionadas para actividades maderables y para actividades como el aprovechamiento de productos forestales no maderables, ecoturismo o conservación.

“En un momento en el que muchos países tratan de avanzar hacia una bioeconomía sostenible, los productos forestales ofrecen soluciones basadas en la naturaleza como sustitutos de materiales intensivos en carbono, al tiempo que generan nuevas oportunidades económicas. Los bosques son indispensables para economías sanas, hoy y para las generaciones futuras”, destacó a Mongabay Latam José Luis Capella, quien se desempeña como director en el Programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

El experto añadió que para lograr una economía sostenible lo primero que se debe realizar es dirigir la atención hacia las personas, familias y comunidades. “Sus medios de vida deben ser una prioridad, así como el ejercicio pleno de sus derechos, dado que para esas personas los recursos como los frutos de palmeras, las nueces de castaña o las fibras naturales no son sólo insumos, sino que son parte de su medio de vida y centro de su atención”, detalló.

Capella sostuvo que una prioridad es que las personas locales tengan mejor calidad de vida por el aprovechamiento de esos recursos. Sin embargo, el investigador advierte sobre las amenazas que enfrentan los bosques peruanos, como el tráfico de tierra, la minería ilegal e infraestructuras en zonas vulnerables. “Además, existe una tendencia por flexibilizar normas que protegían los bosques, como es el caso de aquellas que amplían plazos para actividades ilegales o informales, así como las que convalidan o generan impunidad”, dijo Capella.

Gregory Pauca, docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Perú, explicó a Mongabay Latam que además de los típicos bosques tropicales de la selva, en Perú existen otros bosques tropicales de características muy singulares, los cuales se encuentran adaptados a condiciones secas, a veces cálidas y otras frías, en costa y sierra.

“Cerca del 60 % de nuestro territorio nacional son bosques, haciéndonos acreedores del cuarto lugar en el mundo en cobertura de bosques tropicales y el segundo lugar en cuanto a extensión de bosques amazónicos. Nuestro país presenta al menos 18 diferentes tipos de bosques, principalmente en la región amazónica”, remarcó Pauca.

El académico añadió que los bosques peruanos brindan diversos servicios ecosistémicos que hacen posible la vida. Desde servicios de suministro, como alimentos, materias primas, hasta servicios de regulación del clima, del agua, captura y almacenamiento de carbono y protección del suelo. “Los bosques no cobran por los servicios y beneficios que nos ofrecen”, dijo.

Bolivia: economía local contra la agroindustria

En Bolivia la imaginación de un futuro con bosques sostenibles tiene una mirada ambiciosa: que la producción agropecuaria prospere sin devorar bosques. También se plantea que quienes habitan el campo no deban elegir entre migrar o aferrarse a la precariedad de un sistema que los margina. Lejos de ser una utopía, los expertos ven que esto es una responsabilidad colectiva, una deuda con las generaciones venideras y con los ecosistemas que aún subsisten.

En este país sudamericano, la castaña (Bertholletia excelsa) no es solo un recurso natural, sino un pilar económico para muchas familias: con exportaciones que superan los 170 millones de dólares anuales -el doble que el sector maderero- y más de 75 000 fuentes de trabajo directo estacionales. Bolivia es el principal exportador mundial de castaña amazónica, también conocida como nuez del Brasil, concentrando su producción en la Amazonía norte, en los departamentos de Pando, Beni y La Paz. La recolección tradicional y sostenible es clave para la economía local y la conservación del bosque, que ocurre entre noviembre y abril.

Stasiek Czaplicki, economista ambiental boliviano independiente, explicó a Mongabay Latam que la economía forestal no maderable tiene una importancia para las comunidades rurales y advierte que no se debe “romantizar” la situación, ya que existen amenazas para los bosques bolivianos, sobre todo en la Chiquitania y Amazonía.

“Hay proyectos y economías relativas a los bosques que se han degradado. Por ejemplo, en Pando y Beni, ya hemos llegado a un tope de la explotación de la castaña en términos de cuánto más se puede extraer. Las variables son fluctuantes: precio, clima y cantidad que se genera la cosecha”, detalló Czaplicki.

El experto añadió que existen otras actividades que están dañando los bosques, como la soja y la ganadería, “que están desmontando y generando sequías, generando incendios y afectan a la economía alternativa, que es muy bondadosa, ya que no necesita insumos externos”.

Frutas como el asaí y el cacao silvestre, semillas como la castaña amazónica, el cusi y la almendra chiquitana, y resinas como el copaibo forman parte de dinámicas cadenas de valor, tanto domésticas como de exportación. Su comercialización, sin embargo, no está exenta de desigualdades y contradicciones. Aun así, estos productos generan beneficios económicos significativos para las comunidades locales y las economías regionales que los producen. Cuando se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en modelos de aprovechamiento ecológicamente sostenibles.

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“Su sostenibilidad no es una condición inherente, sino el resultado de una gestión fundamentada en principios ecológicos. Esto exige respetar las capacidades de regeneración de los ecosistemas, evitar su sobreexplotación y aplicar prácticas de manejo que garanticen la conservación de la biodiversidad”, resaltó Vincent Vos, biólogo y coordinador del Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonía de la Universidad Autónoma de Beni. “A ello se suma la adopción de buenas prácticas de extracción, esenciales para equilibrar su aprovechamiento con la integridad de los ecosistemas de los que dependen”, agregó.

El experto se hace la siguiente pregunta: ¿son los productos forestales no maderables, o frutos amazónicos, realmente una alternativa real frente al modelo agropecuario tradicional? “La castaña es el ejemplo más elocuente de este potencial desaprovechado. Su recolección no es solo una actividad estacional y precaria, sino el pulso vital de una región donde la selva no es un telón de fondo: es la base misma de la economía e identidad amazónica”, dijo Vos.

En el caso de la castaña, las y los zafreros, responsables de la recolección en los bosques, perciben ingresos mensuales que dependen tanto de los precios como de su capacidad de cosecha. En una recolección familiar de volumen promedio –que son 43 barricas (recipientes de madera)- y con un precio medio de 450 bolivianos (64 dólares) por barrica, el ingreso neto mensual estimado asciende a 4200 bolivianos (603 dólares) durante los meses de zafra.

“Es fundamental señalar que la zafra es un trabajo extenuante, realizado en condiciones adversas, donde los accidentes son frecuentes y, en particular, la caída de un coco o una mordida de víbora puede resultar fatal”, destacó Czaplicki.

Colombia: rumbo a la bioeconomía sostenible 

Colombia es un país forestal. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), más de 59.8 millones de hectáreas están cubiertas por bosques naturales, cifra que lo convierte en el tercer lugar en Sudamérica con mayor extensión de este ecosistema. Sin embargo, aún sigue en mora de concretar una estrategia, política o proyecto que le permita hacer un uso sostenible con potencial económico de los recursos naturales que están en sus bosques.

Según el IGAC, el 54 % del país tiene vocación forestal, por encima de actividades como la agricultura y la ganadería. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) indica que, en la última década, la contribución del sector forestal colombiano decreció de 3.7 a 1.7 %, cinco veces menos al registrado en Chile, tres al de Ecuador y dos al de Brasil.

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Juliana Cardona, investigadora del Instituto Amazónico de Investigaciones Amazónicas SINCHI, afirmó a Mongabay Latam que la consolidación de una bioeconomía sostenible en la Amazonía colombiana requiere de la implementación de un modelo de gobernanza territorial que articule de manera armónica la investigación científica, los saberes locales y el sector público y privado.

“Esta estrategia busca redefinir la relación entre las comunidades y sus ecosistemas, transitando de un paradigma de acumulación hacia uno de generatividad que fortalezca la autonomía territorial y la justicia ambiental”, afirmó Cardona. La especialista sostiene que para que este modelo sea efectivo, es indispensable gestionar integralmente las cadenas de valor, abarcando procesos que van desde la bioprospección y la caracterización química de las especies hasta la transformación técnica, la optimización de procesos y la comercialización final de los bioproductos.

En Colombia, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el 65 % de la deforestación se concentra en el llamado “Arco de deforestación amazónico”, que comprende áreas de los departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. En el arco confluyen varias causas que hacen que el fenómeno sea tan difícil de contrarrestar, entre ellos el acaparamiento de tierras, la minería, la tala ilegal, la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, el aumento de la frontera agrícola y la construcción o ampliación no planificada de vías. El conflicto armado y la presencia de diferentes actores ilegales completan el cuadro.

En ese panorama oscuro brillan emprendimientos de aprovechamiento de productos no maderables, como el seje y el asaí; la instalación de viveros para restaurar o enriquecer bosques; el aislamiento de las zonas de ronda para preservar las fuentes hídricas; la crianza de abejas nativas (meliponicultura); el turismo de naturaleza o la construcción de corredores productivos que, además de ofrecer seguridad alimentaria, sirven para conectar los parches de bosques que están separados por potreros.

La Asociación de Juntas de Acción Comunal del Capricho (Asocapricho), ubicada en San José del Guaviare, es uno de los proyectos que demostró que el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad es una de las mayores arandelas para combatir la deforestación. En 40 500 hectáreas de siete veredas, 115 familias campesinas que antes se dedicaban a sembrar coca, conservan 21 457 hectáreas de bosque y aprovechan las especies no maderables para comercializar productos como camu camu y asaí.

Estas familias están ubicadas en el corredor de conectividad entre los parques nacionales naturales de Chiribiquete y la Sierra de La Macarena, en el borde de estabilización del distrito de manejo Ariari Guayabero, uno de los sitios más afectados por la deforestación. Este proyecto es apoyado por el Instituto SINCHI, que detalla que la forestería comunitaria mejora la calidad de vida de las comunidades y el estado de conservación de los ecosistemas de los paisajes amazónicos. Además, aporta en la reducción de la tasa de deforestación y fortalece las capacidades institucionales y comunitarias. Esta estrategia partió de un diagnóstico de las comunidades, un mapeo participativo y la planificación predial.

Otro caso exitoso fue Amazonia Viva, proyecto de SINCHI en Tarapacá, una zona alejada del río Putumayo, donde un grupo de mujeres hace un uso sostenible del bosque para comercializar la especie camu camu en diversos restaurantes a nivel nacional, iniciativa que aún continúa con vida.

* Informe cuya versión original fue publicado en Mongabay Latam.