Una preocupante señal de alerta resuena en la economía peruana. El Consejo Fiscal ha advertido que 229 leyes generadas por el Congreso ponen en riesgo la economía del país, no en un futuro lejano, sino progresivamente. El problema principal radica en la falta de recaudación y el impedimento que estas normas representan para el equilibrio fiscal. En una reciente edición del programa Agenda Regional de la Red de Medios Regionales, economistas y especialistas abordaron este tema que genera gran inquietud.

El economista Nicolás Besich Adrián, coordinador general de Videnza Consultores, y Williar Hidalgo Villar, exdecano del Colegio de Economistas de Piura, explicaron detalladamente las consecuencias de esta situación. Para William Hidalgo, la forma más sencilla de entenderlo es a través de una analogía con la economía familiar. Las familias deben generar ingresos para cubrir sus gastos—alimentación, vestido, educación. El desequilibrio ocurre cuando gastan más de lo que les ingresa, recurriendo al endeudamiento con tarjetas de crédito. Llega un momento en que la deuda se vuelve inmanejable y los intereses consumen el dinero destinado a necesidades básicas.

De manera similar, el Estado debe mantener un equilibrio fiscal. Sus ingresos provienen del fisco a través de impuestos y recaudaciones. La deuda permanente es peligrosa porque, al igual que una familia con un récord crediticio bajo, la tasa de interés que se cobra ya no es atractiva. El peligro mayor es que el Estado pierde su capacidad para cubrir eventualidades. Como ejemplo, se mencionó la pandemia de COVID-19. Si el país hubiera estado totalmente endeudado, no habría tenido un salvamento económico. Por ello, se recomienda un manejo prudencial de la deuda.

Este equilibrio se rompió debido a una interpretación del Tribunal Constitucional (TC) sobre el artículo 79 de la Constitución. Este artículo establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Antes, el Ejecutivo observaba la ley, el Congreso insistía, pero el Ejecutivo podía ir al TC, que la declaraba inconstitucional, frenando el espíritu populista del Congreso. Sin embargo, el TC interpretó que la iniciativa de gasto del Congreso se refiere solo al año en curso, no al siguiente. Nicolás Besich considera esta decisión nefasta.

El problema se agrava porque muchas de estas leyes son de carácter populista o responden a intereses particulares. Una de las leyes identificadas por el Consejo Fiscal con mayor costo es el incremento en la pensión de los docentes jubilados, la cual se propone sea igual al sueldo de un docente activo en la primera escala. Esto genera un gasto corriente que se incrementará a largo plazo. El endeudamiento actual no se destina a obras de infraestructura que generen dinero, sino principalmente a leyes populistas como aumentos a profesores y docentes universitarios. Esta situación es insostenible. El resultado será el sacrificio de futuras generaciones, quienes deberán pagar la deuda con más impuestos. El Consejo Fiscal proyecta que la deuda pública podría alcanzar el 70% del PBI en 10 años, muy por encima del límite legal transitorio del 38%.

El Efecto Dominó del Desequilibrio Fiscal y las Consecuencias Inmediatas

El actual nivel de deuda del Perú es de 30% del PBI, uno de los más bajos de la región. Un endeudamiento bajo podría ser excusa para algunos congresistas, pero endeudarse para aumentar salarios (gasto corriente) no genera rentabilidad, a diferencia de un gran proyecto de infraestructura. El gasto corriente es eterno. El aumento de salarios en el Estado se ha multiplicado por cinco en 20 años (de 13 mil millones de soles en 2004 a 68 mil millones en 2024). Pese a este incremento, no se ha visto mayor eficiencia ni mejores servicios públicos, como lo demuestran los problemas para sacar un pasaporte.

Las proyecciones del Consejo Fiscal son alarmantes. El déficit fiscal podría llegar hasta 6.4% del PBI al 2036, y el pago de intereses de la deuda se triplicaría de 1.7% a 4.1% del PBI. Esto provoca un efecto dominó. Un aumento en las tasas de interés encarece el financiamiento de proyectos de inversión, limitando la capacidad del Estado para invertir y cerrar las grandes brechas de infraestructura. También debilita la moneda.

La inestabilidad afecta la reputación internacional del Perú. El país siempre se ha enorgullecido de mantener la estabilidad macroeconómica. Uno de los dos pilares de esta fortaleza es el lado fiscal. Las cuentas fiscales sanas permitieron al Perú afrontar la pandemia y tener una recuperación económica relativamente rápida. La pérdida de esta estabilidad, además, pone en riesgo el anhelo de ingresar a la OCDE.

El aumento descontrolado de la deuda aumenta el riesgo país. Esto hace que los inversionistas extranjeros miren a otros países, pues las cifras macroeconómicas peruanas se vuelven inestables. A nivel ciudadano, la subida de las tasas de interés se traslada a la totalidad de los peruanos, encareciendo los créditos. Gran parte de los tributos de los ciudadanos se destina a pagar intereses en lugar de generar obras o inversión. Es dinero perdido.

Un ejemplo de la falta de previsión es la ley que permite el retiro de los fondos de las AFP. Esto compromete la jubilación de miles de personas, pues el dinero no se usa para el ahorro, sino para el gasto inmediato. A largo plazo, estas personas se convertirán en una carga para el Estado, incrementando el gasto fiscal con programas sociales. Se estima que el ciudadano común no sentirá el impacto de estas leyes irresponsables, sino en varios años, un «efecto rana» donde los efectos se dan milésimamente.

La clave para el crecimiento de la economía es la inversión. Actualmente, los niveles de inversión están diluyéndose, y el ratio de inversión con el gasto corriente disminuye, reduciendo la capacidad de los gobiernos para hacer obra pública. Si no hay inversión, el crecimiento se estanca. La preocupación persiste porque las opiniones del Consejo Fiscal no son vinculantes. La salida a este problema es complicada. Los expertos concluyen que el Ministro de Economía debe defender la estabilidad macroeconómica y la autonomía. Es fundamental que el Ejecutivo se pare fuerte, observe las normas y vuelva a acudir al Tribunal Constitucional para defender el equilibrio de poderes. Una buena medida sería demandar la inconstitucionalidad de todo el conjunto de las 200 normas que están avanzando.