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Puno: Comunidades de Caracoto y Paucarcolla ganan proceso a empresa Cal & Cemento Sur

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El sector minero y diversas comunidades de la región de Puno han manifestado una creciente preocupación por los recientes fallos de la Sala Civil de la Corte Superior de Puno, que están anulando concesiones mineras. Esta semana, se conoció una nueva resolución que dejó sin efecto la concesión minera no metálica «Acumulación Puno» de la empresa Cal & Cemento Sur, sumando un segundo caso de este tipo y con un tercero en agenda para la próxima semana.

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Como se base, la Comunidad Campesina San José Principio Santa Cruz, la Asociación de Productores Agropecuarios Asunción de Buena Vista y Los Ángeles Buena Vista de la Comunidad de San Salvador de Cotos, ubicados en los Distritos de Atuncolla y Caracoto, provincias de Puno y San Román, demandaron en el año 2017 al Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y a la empresa Cal & Cemento Sur SA, por haber presuntamente vulnerado sus derechos a la consulta previa.

La controversia radica en que, según fuentes cercanas, los jueces superiores Oswaldo Mamani Coaquira, Edwin Sarmiento Apaza y Nicolás Arnaldo Apaza Gonzales habrían aplicado un criterio sobre la consulta previa que contradice la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional. Esta acción judicial podría implicar un incumplimiento de su deber de seguir los precedentes del TC.

Estos fallos judiciales no solo comprometen el desarrollo económico de la región, sino que también generan importantes consecuencias legales y económicas. Al anular las concesiones, la Sala Civil podría abrir la puerta a que las empresas afectadas, que ya han realizado inversiones significativas, demanden al Estado por millonarias indemnizaciones.

Además, la situación se vuelve aún más compleja para las comunidades. Algunas han recibido pagos millonarios de las empresas en los últimos años y ahora, con la anulación de las concesiones, corren el riesgo de que se les exija la devolución de esos montos. Este escenario pone de manifiesto una contradicción entre los reclamos de ciertas comunidades y las posibles repercusiones de las decisiones judiciales.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo

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