El Gobierno Regional de Puno adjudicó la construcción del Hospital Rafael Ortiz de Juli al Consorcio Hospitalario Juli, conformado por CMO Group S.A. y Operaciones y Servicios Titán del Perú, por un monto de 202 millones de soles. Sin embargo, el proceso ha generado inquietudes debido a los antecedentes negativos de las empresas involucradas.
CMO Group, anteriormente conocida como Constructora Mediterráneo, acumula múltiples controversias, especialmente en proyectos hospitalarios. Entre los más destacados figura el Hospital de Andahuaylas, el cual, tras nueve años de ejecución, solo registra un avance del 53.9%, a pesar de que el plazo original era de 18 meses.
En el plano financiero, las preocupaciones también son significativas. CMO Group adeuda más de 9 millones de soles a la SUNAT, mientras que Operaciones y Servicios Titán del Perú debe aproximadamente 20 mil soles y tiene experiencia limitada en ejecución de obras de gran envergadura.
-
Recomendados:
- Ica: extrabajadora de limpieza raptó a un bebé recién nacido del hospital EsSalud Augusto Hernández
- Piura: Rondas campesinas exigen liberar a tres ronderos detenidos por intervención comunal del 2016
- Cajamarca: dictan prisión preventiva para acusado de asaltos en Celendin mientras cómplice escapa de comisaría
El consejero regional por Chucuito, Abad Vizcarra, expresó públicamente su preocupación, cuestionando la idoneidad del consorcio. Además, señaló los antecedentes negativos del apoderado del consorcio, Armando Manuel Lezano Carrión, exigiendo que el Gobierno Regional de Puno brinde explicaciones claras sobre la adjudicación.
El proyecto del Hospital Rafael Ortiz está programado para iniciar en 2025, con un presupuesto inicial de 50 millones de soles y un plazo de ejecución de 18 meses. El costo total del proyecto asciende a 204 millones de soles.
“No vamos a permitir mentiras ni engaños, porque aquí está en juego la salud del pueblo, y seremos enfáticos en nuestra vigilancia”, declaró Vizcarra. Asimismo, reveló que CMO Group fue sancionada en 2021 por el Tribunal de Contrataciones del Estado, lo que añade más dudas sobre la decisión del Gobierno Regional.
Las denuncias y cuestionamientos exigen una pronta respuesta para garantizar que la obra no repita los errores del pasado y cumpla con los estándares necesarios para el beneficio de la población.
Lea la nota original aquí o visita el medio El Objetivo